El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional renovó las órdenes de ubicación, captura y conducción nacional e internacional de Vladimir Cerrón Rojas mediante la Resolución N° 19, emitida el 27 de marzo de 2026.Sin embargo, en ese mismo documento, difundido por el portal Epicentro, el juzgado dio cuenta que Carlos Fernández Millán, abogado de la Defensoría del Pueblo, presentó el escrito con ingreso N° 53829-2025, mediante el cual “se apersona al proceso y solicita se le considere como amicus curiae”, figura jurídica que permite a instituciones ajenas al litigio presentar argumentos.

Inusual

El abogado penalista Andy Carrión explicó que esta intervención resulta llamativa, si se considera el contexto del caso.

“No es muy usual que la Defensoría del Pueblo se inmiscuya en un proceso en curso; más aún, si es que hay un personaje que tiene investigaciones o que eventualmente es prófugo de la justicia”, advirtió.

Cabe recordar que el actual defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, fue también abogado de Cerrón.

En cuanto a Fernández, él es adjunto para los Derechos Humanos y la Población Indígena y Afroperuana, cuya principal función es la defensa de grupos como víctimas de violencia, personas desplazadas, afrodescendientes, víctimas de trata, migrantes, refugiados y comunidades nativas y andinas.

“No queda muy claro qué tiene que ver eso con un exfuncionario público procesado. Pareciera estar fuera de su competencia”, opinó Valeria Morón, también penalista.

Conflicto de interés

Ambos coincidieron en señalar un posible conflicto de interés.

“Ya es público que la Defensoría lo apoya, el actual defensor ha sido su abogado”, remarcó Carrión.

Morón añadió que “la controversia surge por un posible conflicto de interés, debido a la cercanía del actual Defensor del Pueblo con Perú Libre, al que pertenece el investigado”.