La Defensoría del Pueblo consideró imprescindible regular a nivel legal el funcionamiento del Consejo de Estado, dado que esta entidad garantiza la buena marcha del Estado y la adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. (Foto: GEC)
La Defensoría del Pueblo consideró imprescindible regular a nivel legal el funcionamiento del Consejo de Estado, dado que esta entidad garantiza la buena marcha del Estado y la adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. (Foto: GEC)

La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Estado adoptado el 19 de julio del 2021, presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que tiene por objetivo regular el funcionamiento de este espacio de coordinación interinstitucional.

El Consejo de Estado, como máxima instancia de articulación del Estado peruano, ha sido convocado por distintos gobiernos ante situaciones que, por su gravedad, exigían una respuesta consensuada de los poderes del Estado y los organismos constitucionales autónomos.

Asimismo, sus acuerdos y pronunciamientos concretan los principios de cooperación entre poderes, eficiencia de la administración pública y el deber de garantía de derechos fundamentales.

Pese a su importante rol en el sistema democrático, hasta el momento no existe norma que desarrolle de forma precisa su organización y funcionamiento. Esta situación requiere ser superada con urgencia para que cumpla de mejor forma su rol articulador frente a las frecuentes situaciones de crisis que atraviesa el país.

En el proyecto se desarrolla la naturaleza del Consejo de Estado, sus funciones, así como los poderes del Estado y las instituciones autónomas que lo integran. También se regula, entre otros aspectos, la periodicidad de sus sesiones y el deber de transparencia que debe guiar sus labores.

A juicio de la Defensoría del Pueblo, y conforme se acordó en la sesión del Consejo de Estado, es imprescindible regular a nivel legal su funcionamiento, dado que esta entidad garantiza la buena marcha del Estado y la adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.