Andrea Pereyra

El juez especializado Carlos Zavaleta Grández, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), informó que las personas procesadas y sentenciadas en las unidades de flagrancia podrían enfrentar condenas que van desde dos días de cárcel hasta 35 años o cadena perpetua, en función a la gravedad del delito cometido.

La afirmación fue realizada en el marco de la implementación de la Ley N° 32348, que crea el Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva.

Según explicó Zavaleta Grández, esta norma establece un procedimiento más riguroso para la determinación de penas, permitiendo sanciones mínimas o máximas según el caso.

El magistrado destacó que las unidades de flagrancia no solo juzgarán delitos menores, sino también crímenes graves como feminicidio, homicidio calificado y robo agravado. Sin embargo, aclaró que no tendrán competencia en casos de crimen organizado, lavado de activos o corrupción de funcionarios.

Además, señaló que la ley permite tramitar procesos comunes cuando se requiera una investigación más exhaustiva.

Plazos y coordinación interinstitucional

Zavaleta Grández indicó que el Poder Judicial y otras entidades tienen un plazo de 90 días para aprobar el reglamento de la ley.

Asimismo, anunció que el 12 de junio se instalará el Consejo Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva, con participación del Ministerio Público, la Policía Nacional, el INPE y otros sectores.

“La lucha contra la inseguridad es una tarea del sistema, no solo del Poder Judicial”, subrayó, al tiempo que instó a gobiernos regionales y locales a facilitar espacios para implementar sedes judiciales en zonas con altos índices delictivos.

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