Los integrantes de la Comisión Especial de Fiscalización del Consejo Regional fueron denunciados por el presunto delito de abuso de autoridad, falsedad genérica y calumnia. Así lo dio a conocer Wilson Ayala, quien junto a Charles Castro y Jaime Bautista son investigados por el Ministerio Público.
El consejero Ayala, quien preside la comisión, dijo que la denuncia la hace el exservidor del GRT César Valdés Copaja, a quien se le intervino en la Oficina Descentralizada del GRT en Tarata en abril del año pasado, cuando presuntamente hallaron material electoral del partido Acción Popular, con el cual la actual gerente general Sheillah Miñano postulaba al Congreso en ese momento.
Agregó que ese día los consejeros no denunciaron a nadie sino que pidieron la intervención de la Policía y el Ministerio Público. “Ellos ingresaron luego que el mismo Valdés Copaja se presentó como coordinador de la oficina, él dio la autorización para que ingresen, y así figura en el acta de intervención”, aseguró Ayala.
El Ministerio Público tipificó el presunto delito como peculado de uso y lo pasó a la Fiscalía Anticorrupción, que finalmente archivó el caso porque Valdés solo trabajó para el GRT hasta marzo y por ende no hay dicho delito. Declaró que el exgerente Kilber García el 29 de setiembre emitió un oficio que Valdés ya no era trabajador desde marzo; y Recursos Humanos informó que no pagó ninguna orden de servicio a nombre de él.
“Es por eso que él ahora nos demanda y la Fiscalía ordenó una investigación preliminar de 60 días, tenemos que informar por qué fuimos a intervenir”, precisó.
Por su parte su colega Castro cuestiona el por qué Valdés se presentó como coordinador si no era trabajador. “Aquí hay una usurpación de funciones o falsedad ideológica, una persona extraña estaba haciendo uso de bienes del Estado, eso debe investigar la Fiscalía”, pronunció.
Además dijo que aparentemente los documentos que niegan relación con laboral con Valdés es para salvarlo y para que los consejeros no cumplan su labor.
Notificación
El 9 de febrero la Policía Anticorrupción pidió que informen por qué intervinieron la oficina de Gobierno Regional de Tacna.
