Pese a que en un primer momento se especuló que el fiscal de lavado de activos Germán Juárez se quedaría a cargo de la investigación a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sobre la anotación en la agenda del celular de Marcelo Odebrecht, esto no se concretó.

Lo cierto es que ayer, a través de su cuenta en Twitter, el Ministerio Público oficializó al responsable de las pesquisas: el fiscal provincial titular José Domingo Pérez Gómez.

Pérez fue cesado como fiscal coordinador anticorrupción y denunciado por enriquecimiento ilícito luego de que llamó a testificar y puso en duda la palabra del aludido funcionario Lazo Manrique en un juicio por cohecho.

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El fiscal Germán Juárez formalizó la investigación por este caso, que se prolongará por un período de ocho meses en los que la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) sería llamada a declarar.

La medida se produjo después de que la Fiscalía confirmara la existencia de una nota del empresario Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora Odebrecht, que involucraba a Fujimori en su trama de corrupción.

El fiscal de la nación (fiscal general), Pablo Sánchez, aseguró que la nota hallada en el teléfono móvil de Marcelo Odebrecht, que decía “Aumentar Keiko a 500 e eu fazer visita” (Aumentar Keiko a 500 y yo voy a hacer visita) estaba en posesión de los fiscales peruanos para incorporarla a sus respectivas investigaciones del caso Odebrecht.

Marcelo Odebrecht pidió al director de su compañía en Perú, Jorge Barata, que aumentara el apoyo a la candidatura de Fujimori durante la campaña presidencial peruana de 2011, según las declaraciones que dio a fiscales peruanos en mayo pasado y que también fueron publicadas julio por la revista Caretas.

Keiko Fujimori aseguró hace dieciocho días que con la diligencia de la Fiscalía peruana para confirmar la existencia de esa nota “se confirmará que nunca recibimos dinero de Odebrecht”.

En Perú, el caso Odebrecht se centra en trazar el rastro de los 29 millones de dólares que la compañía brasileña admitió a la Justicia estadounidense haber pagado en sobornos a funcionarios peruanos a cambio de adjudicarse millonarias obras entre 2005 y 2014.

Ese período abarca los mandatos presidenciales de Alejandro Toledo (2001-2006), quien tiene una orden de captura por haber recibido un presunto soborno de 20 millones de dólares; Alan García (2006-2011), incluido en investigaciones por dádivas para el Metro de Lima; y Ollanta Humala (2011-2016), encarcelado por presunta financiación irregular de su partido.

Barata declaró a fiscales peruanos haber realizado donaciones a las campañas electorales de varios candidatos a la Presidencia de Perú.