El ataque con explosivos contra la Fiscalía en Trujillo, ocurrido en la madrugada de ayer, representaría un quiebre en el accionar de la criminalidad pues esta ahora ha puesto en su mira a instituciones del Estado, en este caso al Ministerio Público, encargado de prevenir y perseguir todo tipo de delito y proteger los derechos de los ciudadanos.

Esta acción criminal dejó dos heridos y graves daños materiales en la sede de la Fiscalía, en viviendas cercanas y edificaciones (entre ellos el Centro de Idiomas y varias facultades) de la Universidad Nacional de Trujillo.

Dicho ataque ocurre a pesar de que Trujillo, además de las provincias de Virú y Pataz, se encuentra en estado de emergencia desde el 13 de febrero del año pasado.

Pese a ello, las bandas criminales parecen estar fuera de control en La Libertad, puesto que horas después del atentado a la Fiscalía ocurrió un ataque a un local comercial en Huamachuco. Anteriormente, hubo otro acto criminal contra un gimnasio y una persona fue asesinada.

RECHAZO

El atentado al Ministerio Público generó el rechazo de la propia Fiscalía, de la Presidencia del Consejo de Ministros, de la Presidencia de la República, del Ministerio del Interior, del Poder Judicial y de congresistas de diversas bancadas.

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, dijo que este acto criminal no amedrantará a los fiscales del país y reveló que en este atentado se habría utilizado dinamita vinculada a la minería ilegal, ya que la fiscal que investiga estos casos en la ciudad viene siendo amenazada.

“Ya no es posible que estemos llegando a estos niveles de altísima criminalidad con la inseguridad que vivimos desde hace mucho tiempo y sobre la cual no se está haciendo nada por parte de las autoridades responsables”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que este tipo de hechos demuestra la necesidad de restituir la detención preliminar.

“Si nosotros, en este momento que ya pasó la flagrancia, encontramos presuntos responsables que se vinculan directamente con lo ocurrido, no vamos a poder detenerlos para esclarecer los hechos. Eso es un grave obstáculo que se sigue manteniendo”, indicó.

En otro momento comentó que la estrategia del estado de emergencia en diversas zonas del país está fracasando y solicitó al Ministerio del Interior que asigne más seguridad a las sedes del Ministerio Público a nivel nacional.

REACTIVOS

Luego del atentado viajaron a Trujillo la fiscal de la Nación, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y los ministros del Interior, Juan José Santiváñez, y de Defensa, Walter Astudillo, quienes junto al gobernador regional, César Acuña, participaron en un Consejo de Estado Regional.

Tras la reunión brindaron una conferencia de prensa donde afirmaron que este acto criminal busca amedrentar a la Fiscalía y que el Ejército tomará el control de la seguridad en la ciudad.

Santiváñez dio a conocer que la organización criminal “Los compadres”, y su líder recluido, conocido como “El Pequeño”, se habrían atribuido la autoría del atentado.

También informó la rotación de 100 efectivos policiales de Trujillo que tienen procesos disciplinaros y que estos serán reemplazados por igual número de efectivos y 10 agentes de la Digimin para realizar labores estratégicas.

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, expresó que el gobierno “no va a permitir que la criminalidad vaya a aterrorizar utilizando explosivos y prácticas terroristas en contra de la población”.

PROSELITISMO

Por su parte, el gobernador regional y líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, lamentó este hecho y sostuvo que ha dialogado con el titular del Interior a quien ha pedido acciones concretas para frenar la delincuencia en esta zona del país. .

Sin embargo, la autoridad regional se caracteriza por sus constantes licencias y viajes a pesar de los graves problemas de inseguridad que enfrenta su región. Incluso, en la víspera de este tentado, Acuña viajó a Loreto para participar en una actividad proselitista de su agrupación política, que es la principal aliada del actual Gobierno.

INTELIGENCIA

Según el experto en Pedro Yaranga, la investigación está bastante avanzada y ha determinado que los autores serán delincuentes comunes.

“Estas no son prácticas de la minería ilegal, ellos atacan en el lugar donde están, no van contra el Ministerio Público ni el Poder Judicial. No están preparados para eso”, señaló.

Añadió que este hecho demuestra, una vez más, la ineficacia del estado de emergencia. “Lo que pasa es que la inteligencia de la Policía está siendo desmantelada por este gobierno”, dijo al indicar que no es necesario debatir la figura del “terrorismo urbano”, porque las penas ya son drásticas, de 30 a 35 años.