El cumplimiento de la ley que dispone el retiro de los aportes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) representará un fuerte impacto en el tesoro público, pues demandaría aproximadamente 15 mil millones de soles.

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Así lo advirtió el procurador constitucional del Poder Ejecutivo, Luis Huerta, durante su sustentación ante el pleno del Tribunal Constitucional (TC) de la demanda de inconstitucionalidad contra la ley que permitiría esta medida -la N° 31083- aprobada por insistencia en el Congreso en diciembre pasado.

En esa línea, agregó que el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) -administrado por la ONP- no es autosostenible y carece de fondos para ejecutar la devolución de aportes a sus afiliados.

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“Entre el 2010 y el 2019, el Estado ha tenido que dotar de un poco más de 11 mil millones de soles para el pago a los pensionistas. Estos aportes son destinados mes a mes, por lo que establecer medidas (o leyes) que dispongan el retiro de fondos resulta incompatible con la naturaleza del Sistema Nacional de Pensiones”, recalcó Huerta.

En tal sentido, el defensor del Estado calificó la devolución como “irracionable y técnicamente inviable”, dado que el SNP -insistió- carece de sostenibilidad financiera.

Asimismo, aseguró que la polémica ley vulnera los principios constitucionales que disponen el equilibrio en el presupuesto y la separación de poderes. Recordó que es una competencia del Ejecutivo dirigir la política económica y la hacienda pública.

En ese sentido, subrayó que la Constitución Política no le otorga al Parlamento la iniciativa de gasto.

Réplica. A su turno, el abogado Guillermo Llanos Cisneros, en representación del Legislativo, respondió que una devolución no afectaría los recursos públicos porque “los aportes pensionarios pertenecen a los aportantes y no al Estado”.

Llanos Cisneros añadió que dichos aportes no formarían parte de los recursos públicos y que, a su juicio, no se vulneraría las competencias del Ejecutivo para dirigir la política económica.

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