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El pleno del Congreso aprobó -con 57 votos a favor- una cuestión previa para que el dictamen, que permite a las personas en prisión sin una condena firme voten en elecciones, retorne a la Comisión de Constitución, que dirige Hernando Guerra García, para un mayor análisis.
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¿QUÉ DICE LA PROPUESTA?
La propuesta detalla que las personas privadas de su libertad procesadas sin sentencia condenatoria firme, es decir con solo una prisión preventiva, voten en los establecimientos penitenciarios durante los comicios electorales. De esta manera se busca modificar la Ley Orgánica de Elecciones.
La propuesta indica que en las prisiones se instalarán las mesas de sufragio previa coordinación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
“Y se habilita designar a los funcionarios del centro penitenciario como miembros de mesa para recibir el voto de los electores. Los electores privados de su libertad sin sentencia condenatoria firme son considerados dentro del distrito electoral en el que se ubica el centro penitenciario. Esta modalidad de votación solo es aplicable en procesos electorales de carácter nacional”, se acota.
Agregan que, para el ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos que se encuentren privados de su libertad sin sentencia condenatoria firme, se deberá presentar el documento nacional de identidad (DNI) y que los miembros de mesa no deben admitir otra documentación. La iniciativa destaca la importancia de contar con un padrón especial de electores recluidos en centros penitenciarios sin sentencia firme, el cual es elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Poder Judicial.
“Quienes, en los plazos dispuestos por el reglamento, remiten periódicamente la información actualizada de los electores de cada centro penitenciario para su elaboración. El padrón especial es aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) conforme a su ley orgánica”, se acota.
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