Un grupo de diputados catalanes desplazados a Perú denunció este viernes que “ha existido una vulneración grave de derechos fundamentales” en la represión de las protestas antigubernamentales que azotaron al país andino entre diciembre del año pasado y los primeros meses de 2023.

“Ha existido una vulneración grave de derechos fundamentales, el derecho a la manifestación, el derecho de reunión, del derecho a la libertad de expresión, del derecho a la movilidad, cuestiones que son principios democráticos esenciales que están siendo vulnerados”, dijo el diputado Francesc de Dalmases i Thió, según reza un comunicado de la misión.

La conformación de la comitiva fue acordada el pasado 25 de enero por la Junta de Portavoces del Parlamento de Cataluña, que aprobó una declaración en defensa de las movilizaciones sociales en Perú.

En dicha declaración el Parlamento de Cataluña se comprometió a enviar una misión de observadores a fin de realizar una investigación y emitir un informe sobre los hechos de violación de derechos humanos en territorio peruano.

Por su parte, la parlamentaria Susana Segovia explicó a EFE que visitaron la ciudad de Juliaca, donde murieron 18 manifestantes en la jornada más luctuosa de las protestas, así como en Ayacucho y Andahuaylas.

Allí, sostuvo, se produjo un “uso absolutamente indiscriminado” de la fuerza por parte de la Policía Nacional y el Ejército, que actuó en respaldo de los agentes gracias a la declaración del estado de emergencia por parte de la presidenta Dina Boluarte.

Segovia denunció que hubo “disparos aleatorios y arbitrarios a muchas personas que participaban en las manifestaciones y personas que no” estaban involucradas en la protesta.

En sus reuniones con las víctimas, estas les transmitieron la sensación “de indefensión que sienten en el proceso” judicial que investiga estos sucesos e “insisten en reclamar verdad, justicia y reparación”.

De cara a las nuevas manifestaciones convocadas a partir del próximo 19 de julio, Segovia detalló que le han dicho tener “mucho miedo a que pueda haber más represión”.

“Nos han explicado que sienten que hay una criminalización de la protesta con el uso indiscriminado de la acusación de terrorismo”, comentó.

En las protestas que se sucedieron tras la destitución de Castillo, hubo casi medio centenar de muertos en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, además de otra veintena de decesos por hechos vinculados a las movilizaciones que se extendieron hasta febrero pasado.