El ministro de Cultura, Alejandro Salas, se pronunció luego de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobara el informe de calificación que declara procedente la denuncia constitucional contra la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte.

El miembro del gabinete ministerial señaló que la acusación en contra de la también vicepresidenta de la República obedece a una estrategia política por parte del Congreso para debilitar al Gobierno.

“Lo que se pretende al tratar de inhabilitarla es que el país se quede sin vicepresidenta (…) Obedece a una estrategia política, eso está absolutamente claro. No podemos decir o evidenciar otra situación así si quisiera porque lo que se pretende es debilitar al Poder Ejecutivo desde uno u otro ángulo”, indicó en diálogo con Canal N.

En ese sentido, Salas aseveró que lo más importantes en el Congreso de la República no son los fundamentos jurídicos y constitucionales que se presenten, sino los votos que tengan para tomar una decisión en contra de Boluarte Zegarra.

“Ahora se ha encontrado un motivo que, para mí, es absolutamente infundado desde el punto de vista jurídico y constitucional. Sin embargo, lo que prima en el Congreso de la República no son los argumentos jurídicos y constitucionales, sino lo que prima son los votos”, sostuvo.

“El tema de la señora Boluarte seguramente es una candidez, seguramente pudo haberse evitado para no generar estas interpretaciones que le están haciendo daño constitucionalmente hablando. Inhabilitar a una persona para poder ejercer un cargo público es un tema muy delicado. Estás dejando sin trabajo a una persona, sean cinco o diez años”, agregó.

Aprueban informe de calificación

Este martes, la subcomisión dio luz verde al informe que contiene dos denuncias contra la ministra Dina Boluarte, las cuales se presentaron tras hacerse público el informe de la Contraloría que indica que la funcionaria habría incurrido una infracción al artículo 126 de la Constitución. Esto por haber firmado documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac, pese a su cargo como ministra.

Dicho documento declara procedente la denuncia constitucional 269 de las congresistas Norma Yarrow, Adriana Tudela y Patricia Chirinos (Avanza País) por presunta infracción de los artículos 38 y 126 de la Carta Magna y los supuestos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, y negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.

También se dio luz verde a la denuncia constitucional 268 del congresista Javier Padilla Romero (Renovación Popular) contra Boluarte por presunta infracción del artículo 126 de la Constitución.