Redacción Diario Correo

En un informe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se basa la resolución del Gobierno que dispuso presentar ante el Tribunal Constitucional (TC) la demanda competencial por un supuesto menoscabo de las funciones de la presidenta Dina Boluarte, respecto al “caso Rolex”.

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Cabe precisar que el Tribunal Constitucional ya recibió la demanda que le envió el Ejecutivo donde solicita que se anule todo el ‘Caso Rolex’. Dicho recurso, presentado por el abogado Marcos Rivero, indica que la Fiscalía de la Nación no podría abrir investigación preliminar contra la mandataria, ni allanar su vivienda sin previa denuncia constitucional y autorización del Congreso.

Según dio a conocer Canal N, en el documento de fecha de 17 de mayo último, el área técnica de la PCM emite como opinión concluyente que “la actuación del Ministerio Público y el Poder Judicial (PJ) en torno a las investigaciones preliminares contra Dina Boluarte por presuntos delitos no comprendidos en el artículo 117 de la Constitución, configurarían un conflicto competencial”.

“Específicamente, un conflicto constitucional por menoscabo en sentido estricto, debido a que esas acciones afectarían el ejercicio de las competencias y funciones de la presidenta de la República”, se lee en el documento que consta de 17 páginas.

Como se recuerda, continuamente el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, hace una férrea defensa a la mandataria, pues considera que es objeto de “una suerte de persecución judicial” desde que asumió el gobierno, por lo que anteriormente refirió la demanda competencial presentada por el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional, busca delimitar en qué casos puede ser investigada.

Días atrás, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, dijo que la demanda competencial interpuesta en contra de la Fiscalía y el Poder Judicial está motiva por una incorrecta interpretación de la Constitución que afectaría la institución presidencial

“La institución presidencial debe protegerse en cuanto a la persona, a Palacio de Gobierno, a su trabajo, sí. Esto se ha vulnerado (...). Lo que existe es una indebida interpretación de la Constitución. Considero que el Tribunal Constitucional debe zanjar si existe esa facultad de parte del Ministerio Público para la investigación”, sostuvo.

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