La expresidenta Dina Boluarte presentó una demanda de amparo para anular su proceso de vacancia. La solicitud, que incluye retrotraer las actuaciones previas al debate del 9 de octubre, será evaluada por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima.

Sin embargo, especialistas consultados por este Diario consideraron poco probable que el recurso sea aceptado en fuero judicial.

Detalles

La demanda, a la que accedió Correo, busca la nulidad de la Resolución del Congreso 001-2025-2026, que vacó a la entonces jefa de Estado, bajo el argumento de que se vulneraron sus derechos fundamentales, entre ellos, el debido proceso parlamentario, la igualdad, la defensa y el honor.

Según Joseph Campos, abogado de Dina Boluarte, a diferencia de otras sanciones que pueden subsanarse con el tiempo, la calificación de incapacidad moral permanente se mantiene de manera indefinida.

La defensa también pide que la sala emita una “interpretación vinculante”, para que todo procedimiento de vacancia presidencial futuro respete un plazo razonable para ejercer la defensa.

Recordó que la “causal abierta” de vacancia preocupa incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ha generado una inestabilidad sin precedentes. “Tuvimos ocho presidentes en 10 años”, resaltó.

“La presidenta no fue notificada con tiempo suficiente para prepararse (…) Las cuatro mociones debieron ser notificadas con antelación y otorgar un plazo razonable para la defensa, pero eso no ocurrió”, remarcó.

Plazos

El letrado detalló que Boluarte fue notificada con las cuatro mociones de vacancia a las 10:50 p. m. el 9 de octubre. En el oficio también se le pide presentarse ante el pleno del Parlamento a las 11:30 p. m., lo que calificaría como una grave vulneración de derechos fundamentales.

“Se quería dar solo 56 minutos para defenderse de madrugada”, enfatizó Campos Torres.

La solicitud resalta que no se cuestiona la facultad del Congreso para declarar la vacancia, sino la forma en que actuó, lo que generó una indefensión material.

Campos recordó que en procesos de vacancia anteriores, como los de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, hubo plazos razonables para preparar la defensa, a diferencia de lo sucedido con Boluarte.

“En el caso de PPK, el Congreso admitió la moción de vacancia el 15 de marzo de 2018 y la votación fue programada para el 22 de marzo del mismo año (…) En tanto a Vizcarra, la moción de vacancia fue presentada el 20 de octubre de 2020, admitida el 2 de noviembre y fue programado para ejercer su derecho a la defensa el 9 de noviembre del mismo año”, detalló.

De acuerdo al documento, ingresado el último viernes 21 noviembre a sede judicial, “con estos antecedentes de vacancia presidencial, se advierte un trato diferenciado y evidente manejo político de los congresistas”, de quienes, se asegura, “buscan la reelección a costa de la desestabilidad del país”.

La defensa también indica que el artículo 89-A del Reglamento del Congreso, que permite excepciones al plazo de tres días para la defensa, no puede interpretarse como justificación para otorgar menos de una hora para preparar la defensa.

Campos, sin embargo, añadió que el objetivo de la demanda no sería reincorporar a la exmandataria en el cargo que ostentó. “Nuestra intención, viendo el amparo en este momento, y habiendo elecciones en abril, no va por ese tema. Dina Boluarte no quiere desestabilizar el país”, afirmó a Correo. En ese sentido, refirió que el propósito principal sería anular la declaratoria de “incapacidad moral permanente” que pesa sobre su patrocinada.

No procederá

Los constitucionalistas Aníbal Quiroga y Domingo García Belaunde coincidieron en que la solicitud presentada por Dina Boluarte no será acogida por el Poder Judicial. Según indicaron, carece de fundamento legal.

Quiroga sostuvo que la decisión del Congreso en el caso de Boluarte fue “una votación hipercalificada” que prácticamente deja sin efecto el derecho de defensa.

Recordó que hubo 122 votos a favor de la vacancia, casi el total del Parlamento (130), lo que hace irrelevante cualquier alegato sobre la posibilidad de ser escuchada antes de la destitución.

Añadió que incluso si el recurso de amparo tuviera algún asidero sería “irreparable”, ya que no se puede restituir a un presidente ni revertir la destitución una vez consumada.

En su opinión, cualquier derecho que pudiera alegarse en este contexto se convierte en “un derecho irreparable”, debido a la magnitud de la decisión política del Congreso.

Por su parte, afirmó que la demanda “no tiene ninguna posibilidad”, porque la vacancia es un acto político no justiciable. “Eso nunca lo he visto y no creo que proceda”, adelantó.

Destacó que la decisión del Parlamento es definitiva. “Es como a Vizcarra, lo vacaron y punto”, sostuvo.

También dijo que sería “una barbaridad” que los jueces la revisen, pues iría contra principios vigentes “hace más de 150 años”.

Incluso consideró que el recurso podría estar orientado a asegurar la pensión vitalicia de la exmandataria. “Quizás sea una manera de presionar para que le den la pensión y se desista la demanda”, mencionó.

Pensión vitalicia

La noticia de esta estrategia legal trascendió luego de que Cuarto Poder revelara que Boluarte solicitó al Congreso la activación de su pensión vitalicia, entre otros beneficios asignados a expresidentes.

La petición, dirigida al presidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi, genera una aparente contradicción: mientras busca anular su vacancia, al mismo tiempo pide gozar de los beneficios que corresponden a quienes ejercieron la Presidencia.