El juez supremo Juan Carlos Checkley concedió la tutela de derechos interpuesta por la Procuraduría General del Estado (PGE) y ordenó que esta participe en el interrogatorio fiscal, incluyendo a la presidenta de la República Dina Boluarte, sobre las muertes registradas durante las protestas de diciembre y enero.

Por ello, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, suspendió la declaración de la mandataria programada para el pasado 7 de marzo a la espera de esta resolución.

Cabe recordar que, el procurador general Daniel Soria interpuso el recurso luego de que el Ministerio Público no lo convocara a participar de la toma de declaración del premier Alberto Otárola el pasado 16 de febrero. Por ese motivo, pidió la anulación de la manifestación y que, en adelante, su despacho sea citado en las diligencias como parte agraviada.

La Fiscalía, en respuesta, indicó que no estaba obligada a citar a la Procuraduría y que el Código Procesal Penal (CPP) respalda esa decisión.

Ante ello, el juez Checkley concluyó que el derecho del agraviado no solo puede entenderse por lo que estipule el CPP.

De esta manera, Patricia Benavides podrá reprogramar un nuevo interrogatorio a Dina Boluarte y deberá citar a la PGE.