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Dina Boluarte: PJ ordena al Ejecutivo entregar planes operativos aplicados para controlar protestas en 9 regiones

El Poder Judicial ordenó a la PCM entregar los planes operativos aplicados en las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte entre 2022 y 2023
  • Gobierno enviará comisión a La Haya para defender a Dina Boluarte por denuncia de muertos en protestas
  • Corte IDH pide a Perú respuesta sobre ley del Congreso que prescribe delitos de lesa humanidad
Poder Judicial ordena que se entreguen planes operativos que se usaron para reprimir las protestas contra Dina Boluarte. (Foto: composición - AFP)

Redacción Diario Correo

Actualizado el 29/06/2024, 12:09 a.m.
  • Gobierno enviará comisión a La Haya para defender a Dina Boluarte por denuncia de muertos en protestas
  • Corte IDH pide a Perú respuesta sobre ley del Congreso que prescribe delitos de lesa humanidad

El Poder Judicial ordenó al Ejecutivo entregar los planes operativos elaborados para el control de las protestas sociales ocurridas en nueve departamentos del país a finales de 2022 e inicios de 2023, ello en el marco de la investigación que se realiza sobre esos hechos.

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La decisión fue emitida por la Sala Penal Permanente, que preside el juez supremo César San Martín, y fue informada a través de la red social “X” (antes Twitter). “Poder Judicial ordena a la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior cumpla con entregar los planes operativos elaborados para el control de las protestas ocurridas en nueve departamentos en los años 2022 y 2023″, se lee.

El colegiado supremo declaró infundadas las apelaciones de las procuradurías de estas tres entidades en la investigación contra la presidenta Dina Boluarte, el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y otros.

El fallo precisa que “la investigación se sitúa en una posible violación de derechos humanos que el Estado está, en esta etapa procesal, en el deber de esclarecer y llegar a la verdad de lo sucedido”, y agrega que se estaría ante los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”.

Además, en su resolución, la sala suprema precisa que el Ministerio Público debe custodiar, bajo control judicial, la reserva investigativa de esos documentos, para evitar riesgos añadidos a la seguridad pública.

Manifestantes chocan con la policía durante una manifestación contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte en Lima el 4 de febrero de 2023. (Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP)

Cabe recordar que en enero de 2023, el Ministerio Público dispuso iniciar una investigación preliminar contra la mandataria Dina Boluarte y el entonces premier Alberto Otárola, por las muertes en protestas sociales ocurridas en diferentes regiones.

La Fiscalía señaló que “la investigación preliminar es por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho”.

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