A través de una entrevista, Dina Boluarte se pronunció sobre el actuar de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas durante las protestas en contra de su gobierno, afirmando que ella, ni los ministros, tienen “comando” para decidir sobre los protocolos que toman dichas instituciones
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“(Ni) los ministros ni la presidenta tenemos comando para decidir sobre los protocolos que las F.F.A.A. o la PNP tienen. Ellos tienen su propia ley, pero también sus propios protocolos. ¿A quién obedecen? A sus comandos. Nosotros no tenemos comando. Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando, los protocolos los deciden ellos”, expresó Boluarte para El Comercio.
Dina Boluarte también mencionó que la Fiscalía está realizando las investigaciones correspondientes sobre los fallecidos durante las protestas.
Subcomisión declara improcedente denuncia constitucional por muerte en protestas
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró improcedente la denuncia constitucional presentada contra la presidente de la República, Dina Boluarte, por las muertes que se dieron durante su gestión tras las protestas que se dieron en diversas regiones del país. Fueron 11 votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones,
Cabe destacar que esta denuncia fue presentada por los parlamentarios de izquierda: Ruth Luque, Sigrid Bazán, Isabel Cortez, Edgard Reymundo y Roberto Sánchez Palomino.
Además Boluarte, la denuncia también incluye al exministro de Defensa y actual presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, así como el expremier Pedro Ángulo y el extitular del Interior, César Cervantes.
En el informe de calificación se indicó que no existe evidencia de que los denunciados hayan tenido conocimiento o tengan actitud para los hechos que sucedieron durante las manifestaciones.
“No siendo suficiente la participación en la emisión de dispositivos de estados de emergencia para presumir o asumir una denuncia a nivel constitucional”, se indica.
Por ello, se consideró que la denuncia debe declararse improcedente. Además, indicaron que las declaraciones de los denunciados sobre el financiamiento de las protestas obedecen a una opinión que no debe ser sancionada, excepto que sea una exaltación a la violencia.
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