La única jueza peruana en la Corte Penal Internacional (CPI), Luz Ibáñez, ha sido sancionada por Estados Unidos (EE.UU.) y condenada por Rusia. Las medidas en su contra, denuncia Ibáñez, también han alcanzado a su hija.

RESTRICCIONES

Ibáñez se desempeñó como fiscal en el Perú durante más de 35 años. Fue la encargada de llevar la investigación contra Abimael Guzmán, el cabecilla terrorista de Sendero Luminoso, que finalmente fue condenado. Hoy, en el marco de sus labores como jueza de apelaciones en la CPI, EE.UU. la ha sancionado con medidas que restringen su vida cotidiana.

Por ejemplo, no se le permite usar tarjetas de crédito, se le restringe comprar pasajes aéreos, hacer reservas o acciones tan sencillas como solicitar un taxi por aplicativo. Las prohibiciones, que vinieron junto con colocarla “en la misma línea que Osama Bin Laden y el Chapo Guzmán”, también han alcanzado a su hija.

Ibáñez se encontraba trabajando como abogada internacionalista en Mali (África) cuando “le mandaron un correo de la embajada” y, tras citarle “cualquier artículo de su ley migratoria”, le cancelaron la visa.

La jueza atribuye las represalias de EE.UU. a una decisión de la CPI: abrir dos investigaciones. Una por crímenes de guerra en Afganistán, que podrían alcanzar a militares estadounidenses; y otra que contempla una orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

Sin embargo, esta no es la única medida que afecta a la magistrada. El último 12 de noviembre, Rusia la condenó a prisión junto a otros jueces y fiscales, pues la CPI ordenó arrestar a Vladímir Putin por crímenes de guerra en Ucrania. “Lo sentí como una condecoración de la democracia y el derecho internacional”, dijo Ibáñez a la BBC.