El Consejo de Ministros aprobó un decreto legislativo que fortalece las competencias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el combate al crimen organizado, en el marco de las facultades legislativas que el Congreso delegó a Poder Ejecutivo.

En esa línea, se robustecerán las facultades de la UIF para que, mediante autorización judicial, pueda acceder a información protegida por el secreto bancario y la reserva tributaria a fin de prevenir, detectar y sancionar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el país.

La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, indicó que en el ámbito de acción de la UIF serán incorporadas en calidad de “sujetos obligados” a personas naturales y jurídicas que, eventualmente, pudieran ser utilizadas para estos delitos. “Estos nuevos sujetos tendrán la obligación de remitir la información que obtengan, en razón de la función que desempeñan”, refirió.