El Poder Ejecutivo aprobó una norma que permitirá evaluar la reducción de condena para determinadas personas privadas de libertad sentenciadas por incumplir el pago de pensiones alimentarias. La medida fue impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y tendrá carácter temporal hasta el 31 de diciembre de 2028.

La disposición establece criterios especiales para que la Comisión de Gracias Presidenciales analice cada caso y determine si corresponde recomendar una conmutación de pena. Con ello, el Gobierno busca fortalecer el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y, al mismo tiempo, contribuir a atender la situación actual del sistema penitenciario.

¿Qué condiciones deberán cumplirse?

El decreto supremo está dirigido a internos condenados por el delito de omisión de prestación de alimentos. Sin embargo, el acceso a este mecanismo no será automático y estará sujeto al cumplimiento de una serie de requisitos establecidos por la norma.

Entre las condiciones fijadas se encuentra que los beneficiarios permanezcan en el régimen cerrado ordinario del sistema penitenciario. Asimismo, no deberán registrar más de una condena efectiva ni mantener procesos penales pendientes al momento de la evaluación.

Otro de los criterios considerados es el cumplimiento parcial de la obligación económica que motivó la sentencia. La norma dispone que el interno haya efectuado el pago de al menos el 70 % de la deuda alimentaria determinada judicialmente.

Según lo señalado por el Ejecutivo, la medida tiene como finalidad evitar que personas condenadas por este delito recuperen su libertad sin haber atendido previamente una parte importante de sus obligaciones. De esta manera, se busca que los beneficiarios de las pensiones alimentarias puedan acceder a recursos destinados a cubrir necesidades básicas.

El Gobierno sostiene que el cumplimiento de estas obligaciones contribuye a garantizar aspectos fundamentales para el desarrollo de los alimentistas. Entre ellos se encuentran la alimentación, la vivienda, la educación, la vestimenta, la atención médica, el apoyo psicológico y otras necesidades esenciales.

Además de promover el pago de las pensiones adeudadas, la norma forma parte de las acciones orientadas a enfrentar los problemas que atraviesa el sistema carcelario. El Ejecutivo considera que este mecanismo puede aportar a mejorar las condiciones de internamiento dentro de los establecimientos penitenciarios.

La vigencia de esta disposición se extenderá hasta finales de 2028. Durante ese periodo, la Comisión de Gracias Presidenciales podrá revisar las solicitudes que cumplan con los parámetros establecidos en el decreto.

La norma fue promulgada mediante decreto supremo y lleva la firma del presidente de la República, José María Balcázar. El documento también cuenta con la suscripción del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez.

Con esta decisión, el Ejecutivo establece un procedimiento excepcional para evaluar posibles reducciones de condena en casos relacionados con el incumplimiento de obligaciones alimentarias. La aplicación de la medida dependerá de la revisión individual de cada expediente y del cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa.

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