Uno de los capítulos más importantes de la saga “Las agendas de Nadine Heredia” se desarrolló ayer en nuestro escenario político, el cual remeció los cimientos del Ejecutivo.

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Durante la jornada, el Gobierno decidió destituir a la respetada procuradora Julia Príncipe, la funcionaria mejor reputada del país en la lucha contra el delito de lavado de activos.

Aunque nadie en el Gobierno lo admitió, los opositores asumen que la razón esencial de su cese sería la irritante independencia de Julis Príncipe y su postura, según la cual la Primera Dama y esposa del Presidente debía someterse a las investigaciones como cualquier otro ciudadano.

Cuando esto parecía demasiado, el tinglado del oficialismo volvió a remecerse. El ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, precisamente el jefe de la procuradora expulsada, anunció en la tarde, bastante ofuscado, que su renuncia irrevocable había sido aceptada por el presidente Ollanta Humala.

Finalmente, el Tribunal Constitucional (TC), horas después, resolvió dejar sin efecto el fallo judicial que archivó las investigaciones a la señora Nadine Heredia (véase detalles en la página 4 de esta edición).

Según la oposición, Adrianzén -el verdugo de Julia Príncipe- se compró todos los boletos de la rifa para ser censurado en el Congreso.

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En consecuencia, según se afirman fuentes palaciegas, la pareja presidencial decidió sacrificar a Adrianzén, cuya censura sería inevitable en el pleno programado para mañana y, de paso, cortarle la cabeza a la incontrolable Julia Príncipe.

PIEDRA EN EL ZAPATO. Las tensiones entre Príncipe y el Ejecutivo eran continuas desde los últimos meses.

Una vez conocida su destitución, la ahora exprocuradora aclaró que a ella no la sacaron por haber cometido una falta disciplinaria, sino porque así lo dispuso el presidente Ollanta Humala, “sin motivo alguno”.

Recordó que luego de interponer la denuncia en contra de la primera dama Nadine Heredia, por las agendas que se le atribuyen, se inició una serie de acciones por parte del Ministerio de Justicia cuestionando su labor profesional.

“Jamás se me han pedido explicaciones sobre otros casos. Sin embargo, cuando me refiero a la señora Nadine Heredia, se me pide explicaciones”, manifestó.

“Han querido quitar una piedra en el zapato. Yo soy la piedra en el zapato para el Gobierno”, advirtió la exfuncionaria en referencia a la investigación que se sigue contra Heredia por el caso de lavado de activos.

Cuando arribó a su oficina, la exprocuradora fue recibida entre aplausos por el personal que laboraba con ella. Le dieron su respaldo en todo momento. Muy enfática y con mucho temple aseveró que sabía “con quién estaba luchado y lo que podría ocurrir”.

ESTILO ORELLANA. Su indignación era visible al hacer referencia a las declaraciones del ministro Adrianzén, quien deslizó que Príncipe habría estado encubriendo o favoreciendo a su exesposo, Edwards Vizcarra Zorrilla, en cuatro investigaciones por lavado de activos.

Dichos argumentos, como se recuerda, fueron originariamente esgrimidos por la mafia del abogado Rodolfo Orellana, preso hoy en Piedras Gordas y quien buscaba desacreditarla por investigarlo.

“Lo que ha dicho el ministro Adrianzén, adelanto que es una bajeza. O sea, el ataque es al mismo estilo de la mafia de Orellana. Con estos temas, con estos titulares, la mafia me atacó”, sostuvo Príncipe.

Precisó que estaba separada hace 14 años del ciudadano Vizcarra. Y no solo eso, sino que cuando fue notificada en cuatro oportunidades sobre las investigaciones a su exesposo, ella mismo pidió su sustitución en dichos casos. Todos, advirtió, fueron asumidos por los procuradores Anticorrupción.

Tras su destitución, advirtió que es posible que le retiren la seguridad policial que se le otorgó a su familia después de las amenazas contra su vida por parte de la mafia Orellana. Por ello, hizo responsable al Gobierno de cualquier situación que le pase a su familia.

RAZONES. La de Adrianzén fue una renuncia anunciada. Un programa periodístico de TV ya lo había anunciado el domingo 18 de octubre, noticia que Adrianzén desmintió esa misma noche. Ayer por la tarde lo confirmó.

Acompañado de sus viceministros, Adrianzén anunció su renuncia en el auditorio del Ministerio de Justicia, en San Isidro. Pero su prioridad era responder a las duras declaraciones de Julia Príncipe, realizadas dos horas antes.

Según Adrianzén, la “razón esencial” de la destitución de Príncipe obedece a “la inconducta funcional” de la funcionaria al cuestionar normas constitucionales estando en el servicio público. De acuerdo con el exministro, esto es facultad del Tribunal Constitucional.

Agregó que como ministro de Justicia su misión es defender “el cumplimiento de la ley”.

También se esforzó por remarcar que él solo tomó la decisión de expectorar a la procuradora.

“Durante mi gestión he sido yo el único que ha tomado decisiones respecto a la gestión del sector. En tal sentido, soy el que asume plenamente las consecuencias de dichas decisiones. Nunca he sido objeto de ninguna interferencia y tampoco he obedecido a ningún poder de facto”, señaló en clara referencia a una presunta intervención de la Primera Dama.

A su juicio, involucrar a la pareja presidencial en la suerte de Príncipe no sería más que “un argumento solamente político, falaz en absoluto”.

Reiteró que es necesario investigar tres casos de lavado de activos que involucran al exesposo de Julia Príncipe y enumeró los expedientes 245-2012 y 069-2011, que, según Adrianzén, son casos archivados. Adusto, no aceptó preguntas de la prensa.

DURAS REACCIONES. Las críticas al Gobierno llegaron pronto. El exoficialista Omar Chehade dijo que es una “vergüenza” la decisión tomada por el Ejecutivo. Cuestionó la intromisión de la Primera Dama en los acontecimientos.

“La señora Heredia torpemente intenta poner de rodillas al Estado peruano. ¡Qué vergüenza! No lo permitiremos”, tuiteó.

El defensor del pueblo, Eduardo Vega Luna, recordó que el Gobierno le ofreció su respaldo a Julia Príncipe meses atrás. Ahora, lamentó, da luz verde para cesarla en sus funciones.

Hace pocos días, cabe recordar, dicha institución reiteró la “urgente necesidad” de fortalecer la defensa de los intereses del Estado ante la Comisión de Delitos de Corrupción, ofreciéndoles autonomía funcional a todos los procuradores, sobre todo frente al poder político.

A su turno, el presidente del Congreso, Luis Iberico, fue enfático al señalar que la salida de Julia Príncipe configura un “golpe” a la lucha contra la corrupción.

Criticó también que Adrianzén haya basado su argumento para destituir a Julia Príncipe en publicaciones del pasquín Juez Justo, brazo periodístico de la red Orellana.

Del mismo razonamiento fue el congresista Juan Carlos Eguren (PPC), quien pidió que Julia Príncipe sea llevada al Congreso como asesora en la investigación que se sigue contra Nadine Heredia por el tema de las agendas. Así, refirió, no se perderá un elemento clave en las indagaciones que pusieron contra las cuerdas a dicha investigada por lavado de dinero, por su imparcialidad y profesionalismo.