El informe de la Contraloría sobre la adenda del aeropuerto de Chinchero (Cusco), emitido el último lunes, ha provocado no solo la reciente dimisión de Martín Vizcarra al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), sino un aluvión de críticas desde diversos sectores, fundamentalmente de los representantes del Gobierno.

Si bien el análisis del órgano del control halló responsabilidad penal en 10 funcionarios públicos y advirtió que ejecutar la adenda significaría un perjuicio económico para el Estado de unos $40.6 millones, en una de sus reflexiones finales recomienda volver al contrato inicial.

Justamente eso ha sido duramente cuestionado por la viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli, incluida en la lista de acusados por firmar la adenda a nombre del MTC, quien, luego de poner su cargo a disposición, calificó de “burla” el informe.

“Hay claras contradicciones en el informe respecto a sus conclusiones. Nos piden regresar al contrato original, que como toda la opinión pública conoce, ha sido deficiente”, manifestó a Canal N.

Agregó que el pronunciamiento del ente controlador “es netamente político”, “carece de sustento técnico y legal”, y “viola claramente el debido proceso”.

En una de sus consideraciones, la Contraloría recomienda “disponer las acciones para restablecer las condiciones técnicas, legales y económicas consideradas en la propuesta del postor ganador y del contrato suscrito”. Es decir, propone regresar al contrato inicial, el cual ya había sido observado por la misma institución en el 2014.

De acuerdo con el informe previo, en el contrato de concesión suscrito con Kuntur Wasi no se fijó un plazo para el cierre financiero, un tope para la tasa de endeudamiento y no se analizaron otras opciones para la ubicación del aeropuerto. Para subsanar estas advertencias es que el MTC añade la polémica adenda.

PRESIÓN POLÍTICA. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Cayetana Aljovín, consideró que el informe de la Contraloría “tiene serias deficiencias”, mientras que la titular de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, expresó su disconformidad respecto a las conclusiones del órgano de control.

En el mismo tono, el portavoz oficialista Carlos Bruce reprochó que la Contraloría haya asumido un rol que no le corresponde. Precisó “que sus informes sean vinculantes no es algo que esté constitucionalmente contemplado”.

Por su parte, Juan Sheput señaló que la Contraloría ha vuelto a convertirse en un instrumento político de la oposición, ”igual como en los años ’90, que se puso a disposición del fujimorismo”, sostuvo el oficialista.

“El informe de la Contraloría sobre la adenda del contrato para la construcción del aeropuerto de Chinchero no tiene ni pies ni cabeza, y es un documento más político que técnico que acusa sin ningún sustento jurídico”, sostuvo.

En tanto, el economista Pablo Secada acusó que la Contraloría miente cuando alerta que se perderían $40.6 millones, pues, según declaró a este diario, la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) revisó la adenda y concluyó que es favorable en $56 millones.

Asimismo, refirió que el ente de control se equivoca al considerar “una falta administrativa como falta penal”.

Acusados. Por supuestos favorecimientos al consorcio ganador, además de la viceministra Molinelli, la Contraloría denunciará a los funcionarios del MTC: Yaco Rosas Romero, Nancy Zedano Martínez, Hernán Muñoz Valdivia, Yanina Hilario Solía, Jonathan de la Cruz Media.

A ellos se suman: Camilo Carrillo Purín y Gianina Beoutis Manrique, del MEF, y Alfredo Dammert Lira y Antonio Balbuena Vela, de Ositran.

Pese a que el también vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, aparece en el informe, el contralor Édgar Alarcón aclaró a Perú21 que “de ninguna manera se ha incluido al ministro Vizcarra en las denuncias”.