La minería ilegal se ha consolidado como la principal actividad ilícita en el Perú, expandiéndose desde zonas alejadas hasta áreas urbanas y generando episodios de violencia vinculados a la explotación del oro. Pese a su magnitud, el problema tiene una presencia limitada en la actual campaña electoral peruana.

“Punto Final” destacó en un informe que dicha actividad ilícita mueve alrededor de 12 mil millones de dólares al año -según el Instituto Peruano de Economía-, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera advierte que se ha convertido en la principal fuente de lavado de activos en la última década.

En el ámbito político, iniciativas impulsadas desde el Congreso, como la ampliación del REINFO o modificaciones a la Ley General de Minería, han sido cuestionadas por especialistas, quienes advierten que podrían debilitar la lucha contra esta actividad ilegal.

Asimismo, dio cuenta que un análisis del Observatorio de Minería Ilegal revela que solo 12 de los 35 partidos presentan propuestas concretas sobre el tema, mientras que 13 lo abordan de manera general y 10 no lo incluyen en sus planes.

El especialista César Ipenza alertó además en el informe periodístico, sobre planteamientos polémicos, como la no criminalización de esta actividad.

En tanto, la percepción ciudadana refleja creciente preocupación por la creciente minería ilegal y el hecho de que las autoridades no respondan adecuadamente, lo que refuerza la demanda por medidas más firmes frente a un problema que amenaza con desbordar al Estado.