La Comisión de Ética -que integran 16 congresistas-, lejos de aprovechar la gran oportunidad de cambiar la alicaída imagen del Congreso, lo único que ha logrado hasta la fecha es que la frase “otorongo no come otorongo” se mantenga más vigente que nunca.

Una revisión realizada por Correo encontró que al menos 22 informes que recomendaban investigar (de calificación) o sancionar (final) a legisladores, el grupo de trabajo salvó a sus colegas de afrontar procesos o ser castigados por infringir el Código de Ética Parlamentario.

Es decir, el grupo arrojó los trabajos técnicos al tacho de basura.

Del total de casos revisados, trece informes de calificación fueron enviados al archivo pese a que el equipo técnico de la comisión recomendó investigar a los legisladores.

De igual forma, otros nueve informes finales fueron modificados el día de la votación para evitar que los infractores afronten sanciones de hasta 120 días de suspensión con descuento de sus haberes. Todo ello pese a que los especialistas técnicos de la comisión opinaron a favor del castigo.

ESCÁNDALO.

Uno de los casos más polémicos fue el que afrontó Magaly Ruíz (Alianza para el Progreso), el 1 de marzo de 2023, cuando se convirtió en la primera congresista en ser denunciada por “mochasueldo”. Ese día, su extrabajador Carlos Augusto Marina la acusó de realizar recortes salariales a empleados del despacho.

La Comisión de Ética tomó el caso e indagó algunos meses posteriores hasta que encontró serios indicios del delito.

En el informe final, la recomendación era una: Suspender a Ruíz por 120 días.

Sin embargo, cuando el tema fue debatido, se cambiaron las conclusiones por una amonestación pública y descuentos de sus haberes por un mes. Lo anecdótico fue que la legisladora quiso pagar su multa en cuotas.

Terminado este caso, otra denuncia similar se escribió con Rosío Torres, de la misma bancada (APP).

La parlamentaria también fue acusada de recortes salariales. Al respecto, la Comisión de Ética abrió de oficio la denuncia. No obstante, cuando el informe concluyó que Torres era responsable del caso y planteó suspenderla por 120 días, todos se opusieron.

Al momento de debatirse el informe, Cheryl Trigozo planteó una cuestión previa para modificar la sanción y logró que, en lugar de que se apruebe la suspensión, solo afronte una amonestación pública.

MÁS CASOS.

La primera semana de marzo de 2023, otro escándalo remeció el Parlamento. Esta vez tuvo como protagonista a Heidy Juárez, una acusada más de recortarle el sueldo a sus trabajadores. Al igual que en los anteriores, el informe del caso sugirió que la infractora sea suspendida sin goce de haber por 120 días.

Así, todo parecía encaminado hasta que a la hora de la votación, se modificó la sanción por una amonestación pública con 30 días de multa de su remuneración.

De igual modo, Katy Ugarte, también acusada de ser “mochasueldo”, fue beneficada descaradamente por sus colegas luego que un informe técnico considerara lo contrario.

La parlamentaria iba a ser castigada con un texto que fundamentaba una suspensión de 30 días, pero Esdras Medina, integrante de Ética, formuló una cuestión previa para imponerle solo una amonestación al considerar que la propuesta de castigo era “desproporcionada”.

SIN VERGÜENZA.

En la lista también se encuentra Jorge Flores Ancachi (Acción Popular). Un informe lo acusó de haber sobornado a un periodista de nombre Liubomir Fernández Fernández con 100 soles con el propósito de que este no entrevistara a su colega Carlos Zeballos en su paso por Puno.

El hombre de prensa grabó todo el diálogo: “Con quién crees que estás tú para darme dinero”, le increpó el periodista.

El informe final recomendó sancionar a Flores Ancachi con una suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes por 30 días, pero fue desaprobado en la sesión ordinaria. La votación fue 4 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones.

En este recuento también está el legislador Luis Kamiche. En julio del 2022 se reveló que el parlamentario, que llegó al Congreso con Perú Libre, contrató a Katherine Marita Cruz como asesora de nivel 1 con un sueldo de 12 mil soles.

De acuerdo con Panorama, existía un romance entre ambos.

El informe final -que sugería suspenderlo por 30 días- fue desaprobado por mayoría el 21 de noviembre de 2022.

La postura de arrojar al tacho de basura lo que recomiendan los informes también favoreció al presidente del Congreso, Alejandro Soto. Un informe de calificación recomendaba investigar a Soto por recortarle el sueldo a su personal y utilizarlos como para atacar mediante las redes sociales a sus rivales políticos. El caso es conocido como “Fábrica de Trolls”. No obstante, el informe de calificación fue desaprobado por la mayoría el 2 de octubre del 2023.