Redacción Diario Correo

Debate causó la nueva ley de prescripción de delitos de lesa humanidad en el país, que engloba aquellos crímenes de guerra y atroces, cometidos antes de julio de 2002, cuando entró en vigencia en Perú el Estatuto de Roma. Al respecto, el exprocurador Anticorrupción, José Carlos Ugaz Sánchez-Moreno, refirió que una posición que pueden tomar los jueces es inaplicar la norma, para no ir en contra de tratados internacionales.

“Hay algunos caminos que se van a comenzar a ensayar. El Colegio de Abogados ha anunciado que va a plantear una demanda de inconstitucionalidad a esta norma, aunque con este Tribunal Constitucional el resultado es incierto. Pero están los jueces, que de acuerdo a la Constitución, están obligados a inaplicar aquellas leyes que consideren inconstitucionales y en estas crisis que vivimos, afortunadamente, el Poder Judicial y un sector del Ministerio Público defienden el Estado de derecho”, expresó.

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El exprocurador Anticorrupción también explicó que el Perú tiene compromisos internacionales que ha suscrito y que la nueva ley vulnera.

“Hay un sector que han venido sosteniendo desde la época del terrorismo, que la lucha contra el terrorismo todo vale y que, por lo tanto, en defensa del estado no habría que tener mayor reparo (...) ahora que hay representantes militares en el Congreso están detrás de esta ley”, dijo.

Continuó: “aquí el tema no es jurídico, no se está debatiendo con seriedad aspectos técnicos, porque lo que está en discusión es si se aplica o no la normatividad universal para estos crímenes atroces, que le han puesto de nombre lesa humanidad, la fecha no tiene absolutamente nada que ver. En el mundo del derecho internacional de los derechos humanos es una convención, es un acuerdo de las naciones del mundo civilizado y que el Perú ha suscrito (...) haya entrado o no el estatuto de Roma a partir de una fecha determinada, el Perú tenía compromisos anteriores”, observó.

Al ser consultado sobre los policías que son perseguidos por la justicia por muchos años, sobre acciones cometidas en la época del terrorismo. El exprocurador sostuvo que faltan recursos entregados por el Estado para resolver estos casos.

“Eso es porque no hay voluntad política para darles a los operadores de justicia las herramientas y recursos para que funciones. Si el estado esta preocupado por aquellos militares inocentemente procesados tiene que proveerles mecanismos de defensa”, expresó.


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