El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos atraviesa una interrupción en servicios esenciales tras dejar de cumplir con los pagos correspondientes a limpieza y seguridad en varias de sus sedes. Un reportaje de Cuarto Poder reveló que esta situación ha generado dificultades operativas en oficinas de Lima y Callao, además de afectar la atención presencial de usuarios que acudían por trámites y orientación legal gratuita.

De acuerdo con información brindada por Pedro César Ruiz Cerna, jefe de la Oficina General de Administración, la entidad mantiene limitaciones presupuestales arrastradas de gestiones anteriores. A ello se sumó la aplicación del Decreto de Urgencia 123, emitido en enero, que dispone que las entidades públicas solo puedan ejecutar el 90% de su gasto corriente.

Según explicó el funcionario, esa restricción obligó al ministerio a reorganizar sus recursos para priorizar obligaciones laborales pendientes. Entre esos pagos se encontraban beneficios del personal contratado bajo el régimen CAS.

Problemas sanitarios en distintas sedes

La falta de personal de limpieza comenzó a generar complicaciones dentro de varias oficinas administrativas. Algunos trabajadores reportaron la acumulación de residuos, servicios higiénicos con problemas de funcionamiento y la presencia de roedores en instalaciones ubicadas en el Cercado de Lima.

Durante los primeros días de la interrupción, parte del personal administrativo asumió labores de limpieza para mantener operativas algunas áreas. Posteriormente, varias oficinas optaron por implementar trabajo remoto ante las condiciones registradas en los locales.

Esta medida impactó directamente en sedes ubicadas en distritos como Comas, San Juan de Miraflores y el Callao. Los usuarios que acudían de manera presencial también se vieron afectados por las restricciones en la atención.

Contrato suspendido con empresa ganadora

El 17 de abril, el Consorcio 906 SAC obtuvo la buena pro para encargarse del servicio de limpieza en sedes de Lima y Callao. Sin embargo, dos días después, la empresa fue informada de que no podía concretarse el acta de instalación debido a la falta de recursos disponibles.

Pedro Yáñez Sánchez, gerente de la compañía, explicó que el presupuesto inicialmente destinado al contrato fue reasignado por la entidad. Según indicó, esos recursos fueron utilizados para cumplir con pagos de CTS y gratificaciones de trabajadores bajo el régimen CAS tras cambios normativos aprobados por el Congreso.

Luego de varias semanas de paralización y reclamos por parte de usuarios, el Ministerio de Justicia concretó nuevamente el inicio del servicio. La entidad firmó finalmente el acta con el Consorcio 906 para restablecer la limpieza en sus sedes.

El acuerdo fue suscrito por más de 19 millones de soles y tendrá una duración de tres años. Aunque autoridades del sector señalaron que el nuevo contrato representó un ahorro del 25%, no detallaron cuánto se destinaba en gestiones anteriores para este mismo servicio.

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