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Un reportaje de "Punto Final" informó que dos hijos, una esposa y cuatro hermanos de legisladores contratan con el Estado pese a impedimento legal por ser familiares en primer grado de congresistas.

El hermano de María Elena Foronda (Frente Amplio), Juan Carlos Foronda, cobró S/ 9,000 con el Gobierno Regional de Áncash en 2018 por una orden de servicios. Al ser consultada al respecto, la legisladora dijo desconocer la información e indicó que no habla con él "hace más de 5 años".

"Hasta donde yo sé, él está desempleado", señaló.

Similar es la situación de tres hermanos del congresista Rogelio Tucto (Frente Amplio) que contratan con el Estado en diversas municipalidades en la región Huánuco.

Romeo Tucto Castillo ha sido proveedor del Estado en la Municipalidad Distrital de Molinos y la Municipalidad Distrital de Huayanca por S/ 8,000 y S/ 30,200, respectivamente.

Mientras que Wiener Tucto Castillo contrató este año por S/ 15,000 con la Municipalidad de Chacabamba y también a través de una empresa de su propiedad por S/ 12 ,500. Asimismo, Nelly Tucto figura como proveedora de la Municipalidad Distrital de Molinos por S/ 4,000 y S/ 11,200.

Cabe destacar que el congresista Tucto es representante de Huánuco. Al ser consultado sobre el tema, justificó que sus hermanos hayan contratado con el Estado porque tienen "derecho a trabajar".

"Yo me pregunto, al margen de la ley, si él no trabajaría a qué se dedicaría. Si esto es ilegal hay que procesar al hermano no al congresista. Es mi hermano, pero no sé nada", indicó Rogelio Tucto.

"Hay leyes malas y yo particularmente estoy en contra de esta ley", señaló.

Distinto es el caso de los hijos de la expresidenta del Congreso Luz Salgado (Fuerza Popular), Andrés Paredes Salgado y David Paredes Salgado.

Este último tuvo órdenes de servicio para la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) entre noviembre del 2013 y febrero del 2014, mientras su madre era congresista. Luego, en octubre del 2017, postuló vía CAS y desde esa fecha labora en la OEFA con un sueldo de S/ 8 000 soles mensuales.

"Él ha infligido el artículo que dice que quienes están bajo el régimen CAS también les alcanzan los impedimentos de la Ley de Contrataciones del Estado. Sobre la base de esta información nosotros vamos a hacer una investigación", indicó la gerenta general de la OEFA, Miriam Alegría.

Cabe destacar que al llenar su ficha de postulación, David Paredes Salgado, abogado de profesión, puso como ocupación de madre "periodista" en lugar de parlamentaria.

Andrés Paredes Salgado, por su parte, fue contratado en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) en el año 2003, cuando su madre estaba inhabilitada. Sin embargo, volvió a ser congresista y Paredes Salgado tiene órdenes de servicio con esta entidad desde el 2016, es decir es proveedor de servicios.

"Está haciendo su trabajo de todos los días como un editor. Ya más bien deberían haberlo nombrado en el IRTP", aseguró Luz Salgado.

En esa línea también se encuentra el legislador Alberto Oliva (Peruanos por el Kambio), cuya esposa Lilian Magaly García Violeta figura como proveedora del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) el año 2018 por S/ 22,000.

Finalmente, esta el caso del parlamentario Moisés Guía (Contigo). Su empresa Pinturas Colorama S.A. ha contratado con el Estado para la Municipalidad de San Lorenzo y con el Gobierno Regional de Junín.

"No es ilegal, tengo varias empresas. No contrato con el Estado, todo está de acuerdo a ley", sostuvo el legislador.