El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, anunció una reorganización del sistema de lavado de activos del Ministerio Público, tras calificar como un fracaso el trabajo desarrollado por el equipo especial Lava Jato y respaldar las observaciones planteadas en un reciente informe de la Defensoría del Pueblo.

Tras los cuestionamientos, Tomás Gálvez afirmó que el sistema “prácticamente ha fracasado”, pues se llevaron a cabo investigaciones por hechos que no serían delictivos e incluso se habrían ejecutado persecuciones políticas; mientras que, donde sí habría razones suficientes para llevar a cabo indagaciones por lavado de activos, el sistema no lo hizo.

“Vamos a cambiar a la gran mayoría de fiscales, casi a todos. Inclusive a los que tengan el título de fiscal de lavado de activos, porque, si ya han mostrado ineficacia e ineficiencia, no pueden continuar en esa situación; por eso se va a redefinir. Casos como Ollanta Humala y Keiko Fujimori no se van a repetir”, sentenció Gálvez en Canal N.

Gálvez explicó que, desde la llegada a la Fiscalía de la Nación, se apartó a los fiscales que integraban los equipos especiales del caso Lava Jato, y que en su momento designó al fiscal Juárez Atoche como coordinador del sistema de lavado de activos, en reemplazo de Rafael Vela, al considerar que realizaba un trabajo razonable. Sin embargo, precisó que Juárez se encuentra actualmente suspendido tras habérsele imputado una actuación indebida en el marco de una investigación.

Sobre las deficiencias, Gálvez sostuvo que, para iniciar válidamente una investigación por lavado de activos, es necesario identificar un bien o activo sospechoso y vinculado con una actividad criminal previa que explique su origen. Según indicó, en el pasado bastaba con detectar una transferencia bancaria para abrir investigaciones, sin observar de manera escrita el principio de legalidad, lo que habría generado perjuicios a diversas personas.

Asimismo, agregó que la Ley Orgánica del Ministerio Público se encuentra obsoleta y adelantó que enviarán propuestas de reforma a la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, quien ha manifestado dentro de su plan de gobierno la intención de reformar el Ministerio Público y el sistema de administración de justicia. El objetivo es que dichas propuestas puedan ser incorporadas en los decretos legislativos que el Ejecutivo emita en el futuro.