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La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, interpuso una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley 32330, norma que incorpora a adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal ordinario.
El Ministerio Público argumenta que esta disposición podría vulnerar derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales suscritos por el Perú.
La ley en discusión
La Ley 32330, aprobada por el Congreso, modifica el tratamiento penal de los adolescentes al permitir que aquellos entre 16 y 17 años sean considerados penalmente responsables, equiparándolos con los adultos en el sistema de justicia.
Hasta ahora, los menores en conflicto con la ley eran sometidos a un régimen especial con enfoque socioeducativo, orientado a su reinserción.
El Ministerio Público sostiene que esta reforma elimina el enfoque diferenciado que protegía a los adolescentes y podría afectar su reintegración social.
Además, la fiscalía señala que la norma contraviene principios internacionales como el interés superior del niño, reconocido en convenciones como la Convención sobre los Derechos del Niño.
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