Fiscal Hamilton Castro sustentó pedido de prisión preventiva contra exdirectivos de socias de Odebrecht

Para fiscal anticorrupción, representantes de socias peruanas de Odebrecht podrían dejar el país
Fiscal Hamilton Castro sustentó pedido de prisión preventiva contra exdirectivos de socias de Odebrecht

Fiscal Hamilton Castro sustentó pedido de prisión preventiva contra exdirectivos de socias de Odebrecht

04 de Diciembre del 2017 - 03:57 » Textos: Janet Leiva D. » Fotos: Correo

Hasta el cierre de esta edición, el juez Richard Concepción Carhuancho continuaba con la diligencia sobre el pedido de prisión preventiva contra los representantes de las empresas nacionales socias de Odebrecht vinculadas al caso de la investigación al expresidente Alejandro Toledo por el presunto pago de coimas por la empresa brasileña.

El fiscal anticorrupción Hamilton Castro solicitó el pasado viernes que se imponga 18 meses de prisión preventiva contra José Alejandro Graña Miró Quesada (expresidente del directorio de Graña y Montero), Gonzalo Ferraro Rey (ex presidente ejecutivo de Graña y Montero), Hernando Alejandro Graña Acuña (exdirector de Graña y Montero), Fernando Gonzalo Camet Piccone (presidente de JJ Camet Contratistas Generales S.A.) y José Castillo Dibós (director gerente general de ICCGSA).

Según la hipótesis del Ministerio Público, los investigados concertaron el presunto beneficio a favor de Odebrecht en la construcción de la Carretera Interoceánica Sur tramos 2 y 3 entre los años 2004 y 2005.

AUDIENCIA

Al promediar las 9 y 30 de la mañana, el juez de Investigación Preparatoria, Richard Concepción Carhuancho, dio inicio a la audiencia de prisión preventiva solicitada por el fiscal Hamilton Castro.

El magistrado inició sus alegatos con la siguiente frase: “Hoy el Perú será testigo si el sistema que imparte justicia trata con la misma vara a todos los ciudadanos en el país. De eso también se trata esta audiencia, señor, con todo respeto”, dijo el fiscal al juez.

PELIGRO DE FUGA 

Hamilton Castro, durante su exposición, citó el caso de Gustavo Salazar Delgado, expresidente del Club Regatas Lima, quien se encuentra prófugo de la justicia por estar involucrado en el soborno de Odebrecht al exgobernador del Cusco Jorge Acurio Tito.

El caso del prófugo Gustavo Salazar es el mejor ejemplo de lo que sucede cuando no se dicta prisión preventiva contra empresarios de este nivel”, indicó.

La referencia que hizo el fiscal se dio en el contexto de su explicación sobre el riesgo de un peligro de fuga por parte de los procesados.

Más adelante, el representante del Ministerio Público se dirigió al juez diciendo: “Tienen una capacidad económica que no es la suya ni la mía”, lo que generó sonrisas dentro de la sala de audiencias de la Sala Penal Nacional.

Castro señaló que todos los implicados contaban con visa americana y alertó que de acuerdo con sus reportes migratorios podían salir cuando quisieran al exterior.

Precisó que “los imputados pertenecen al empresariado más prominente del Perú” y “tienen capacidad económica para eludir a la justicia”. Castro también afirmó que “los procesados tienen todas las condiciones de vulnerar el proceso”.

PELIGRO PROCESAL

En otro momento, el fiscal hizo hincapié en que los investigados podrían perturbar las diligencias debido a que aún ostentan el grado de representantes de las empresas y esto constituiría una traba para la Fiscalía, pues puede influir en algunos testigos para tener acceso al acervo documentario de las empresas comprometidas en este caso.

HECHOS

Para Castro, se trata de una organización criminal diseñada bajo una estructura corporativa empresarial de la empresa Odebrecht.

El fiscal anticorrupción detalló que el colaborador eficaz Jorge Barata sostuvo tratos entre los años 2004 y 2005 a través de Avram Dan On, entonces jefe de seguridad del expresidente Alejandro Toledo.

Dan On -dijo- fue quien abordó a Barata para proponerle beneficiar a Odebrecht con la futura ejecución de las obras Interoceánica Sur tramo 2 y tramo 3.

Luego agregó que en una reunión sostenida entre Barata, Toledo y su amigo Josef Maiman en el Hotel Marriott de Río de Janeiro, en Brasil, se definió el monto de las comisiones ilícitas que debía pagar por la adjudicación de las obras.

INGRESO 

En esa línea, Castro manifestó que en ese lapso Barata y sus asociados, los representantes de Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA, aceptaron dicha “idea”.

No solo estas personas tuvieron conocimiento en las tratativas ilegales, sino también que los montos salieron de las empresas offshore de Odebrecht y los representantes de las empresas tuvieron conocimiento respecto a los pagos”, dijo.

LA IDEA 

Asimismo, el fiscal indicó que idearon un mecanismo que se materializó en 2011. Esta idea se hizo para la distribución del pago de utilidades.

Tal como lo señaló el colaborador eficaz (Barata), las empresas peruanas cedieron sus utilidades al Grupo Odebrecht como una suerte de compensación, es decir, Odebrecht pagó materialmente la coima, pero luego estas empresas cedieron sus utilidades como una forma de compensación”, agregó.

En ese contexto, detalló que se trata de un indicio posterior en la cesión de utilidades bajo la apariencia camuflada de “riesgos adicionales”, que no fueron registrados como corresponde en la actividad empresarial.

Los riesgos (adicionales) no pueden aparecer luego en el futuro, de pronto, después de varios años (2011). Pero ¿qué son riesgos adicionales? -se preguntó Castro-, ¿es razonable que la empresa JJ Camet termine cediendo el 81%, ICCGSA 81%, Graña y Montero 33% de sus utilidades? ¿Consideraron (las empresas) que a Odebrecht, habiendo asumido el riesgo, le correspondía que reciba un mayor porcentaje de utilidades?”.

Hamilton Castro culminó su exposición solicitando al juez Richard Concepción Carhuancho que se otorgue la prisión preventiva para los cinco investigados en este caso.

PRESIÓN

De otro lado, el fiscal Castro negó que el pedido de prisión preventiva por 18 meses hecho en contra de los cinco empresarios obedezca a presiones de corte político.

Rechazamos categóricamente que esta investigación y este pedido respondan a presiones de corte político. La prueba está en la cronología, porque todo esto proviene de un proceso de corroboración de lo que dijo un [aspirante] a colaborador eficaz (Barata)”, precisó.

ABOGADOS

Eduardo Alcócer es el abogado de Fernando Camet Piccone; José Caro, de José Castillo Dibós; Roger Yon Ruesta, de Gonzalo Ferraro Rey (hospitalizado).

Hernando Graña Acuña estuvo representado por Sofía Icaza y Alejandro Graña Miró Quesada por José Rodríguez Robinson.

Se trata de una valoración discriminatoria por tener posición económica saludable”, dijo el abogado Eduardo Alcócer.

Los letrados, durante su intervención, coincidieron en que sus defendidos no tenían la intención de abandonar el país; en tal sentido, consideraron que la medida de prisión preventiva era “un exceso”.

Para reafirmar su posición, los abogados entregaron los pasaportes de los empresarios al juez Richard Concepción Carhuancho.

También entregaron los documentos personales de sus defendidos y aseguraron que sus patrocinados procederán a colaborar con las investigaciones, por lo que no debería proceder la solicitud de prisión preventiva.