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El fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, se pronunció sobre el caso de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular que cumple una orden de prisión preventiva por el caso Odebrecht y afirmó que la posición de la Corte Suprema reafirma el planteamiento de la fiscalía de que existe peligro procesal.

"Es un pronunciamiento que está reafirmando la posición que ha venido sosteniendo la fiscalía desde un primer momento. Existe el peligro procesal para que la investigada Keiko Fujimori permanezca en prisión preventiva", aseveró en entrevista con El Comercio.

En ese sentido, refirió que la medida "es legal, debida y constitucional", ya que se ha evidenciado el peligro procesal argumentado por la fiscalía.

José Domingo Pérez indicó que los elementos presentados por el Ministerio Público han quedado "confirmados" a nivel de la instancia de la casación, dejando en discusión el plazo de la medida restrictiva.

"Ha quedado claro que los elementos y argumentos que presentó la fiscalía en primera instancia, a mi cargo, ratificados en segunda instancia presentados por el doctor Rafael Vela han sido confirmados a nivel de la instancia de la casación. Lo que está en discusión tan solo es si debe ser 36 meses el plazo de la prisión preventiva o un plazo menor de 18 meses", precisó.

Además, defendió el plazo de 36 meses de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular y dijo esperar que este criterio sea respaldado por el nuevo juez supremo.

"Soy del criterio que el plazo debe ser de 36 meses porque estamos ante una organización criminal. Espero que el nuevo juez supremo llamado a votar también comparta este criterio. Es una investigación compleja, no es una investigación sencilla, implica diversos actos de investigación", refirió.

El último viernes, los magistrados de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema quedaron divididos en su decisión respecto al recurso de casación presentado por Keiko Fujimori para revertir la orden de prisión preventiva en su contra por el delito de lavado de activos. 

La evaluación no alcanzó los cuatro votos necesarios para que haya una resolución. Debido a esto, un nuevo juez deberá intervenir en este caso.