El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, anunció ayer que evaluará a la fiscal adjunta Sara Vidal Vargas por su actuación en el caso del polémico exdirigente fujimorista Joaquín Ramírez.

“Yo he pedido un informe sobre el trabajo de la fiscal y voy a evaluar su actuación en ese caso”, comentó Sánchez Velarde a la prensa, luego de encabezar la ceremonia de inauguración de la Convención de Fiscales y Procuradores Generales de la región y países europeos.

Como se sabe, un medio local informó que la fiscal Vidal Vargas decidió no formalizar una investigación preparatoria contra el excongresista Joaquín Ramírez.

Esta decisión también favoreció a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el marco de la investigación por el presunto “blanqueo” de 15 millones de dólares para la campaña presidencial fujimorista del 2011.

CASACIÓN Entre sus fundamentos, la magistrada consideró la polémica sentencia 92-2017 Arequipa, emitida por la Corte Suprema, que elevaba los requisitos para llegar a establecer el “delito fuente” en los casos de lavado de activos.

No obstante, esta sentencia había sido cuestionada por el propio titular del Ministerio Público, así como por el coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos, Rafael Vela Barba. Es decir, el superior de Vidal.

Ante ello, el fiscal de la Nación ha pedido las explicaciones del caso, pero evitó dar detalles sobre qué tipo de información recabará.

ORIGENComo se recuerda, la indagación del caso surgió a raíz de la denuncia hecha por el piloto Jesús Vásquez, quien presentó ante el Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA) una grabación en la que supuestamente se escucha decir a Joaquín Ramírez que la excandidata presidencial le habría entregado 15 millones de dólares “para lavarlos”, a través de una cadena de grifos de propiedad del exsecretario de Fuerza Popular.

Vidal Vargas tomó la decisión de no seguir con la investigación el pasado jueves 28 de setiembre.

La Fiscalía también ha señalado que no se descarta que parte del patrimonio del condenado expresidente Alberto Fujimori, obtenido a través de actos de corrupción, haya sido empleado por los investigados y sus empresas para dar apariencia de legalidad.

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