Los presuntos delitos que la Fiscalía atribuye a los mencionados son cohecho propio, cohecho pasivo impropio, cohecho pasivo genérico, lavado de activos y asociación ilícita en agravio del Estado.
Los presuntos delitos que la Fiscalía atribuye a los mencionados son cohecho propio, cohecho pasivo impropio, cohecho pasivo genérico, lavado de activos y asociación ilícita en agravio del Estado.

Se complican. El testimonio de José Miguel Castro, exgerente general de la Municipalidad de Lima, que compromete al entorno de la exalcadesa Susana Villarán con Odebrecht y OAS parece dar lugar a un nuevo capítulo en la investigación que efectúa el Ministerio Público.

En efecto, el fiscal Carlos Puma abrió una investigación preliminar, por el plazo de ocho meses, contra la exregidora y excongresista Marisa Glave, la exparlamentaria Anel Townsend, el exministro Jorge Nieto y la exregidora Zoila Reátegui, entre otros, por las declaraciones de Castro ante el Equipo Especial “Lava Jato” del Ministerio Público.

La pesquisa también incluye al exconcejal Jaime Salinas y a Freddy Chirinos, de la consultora Chirinos, Salinas & Asociados (Chisac).

Los presuntos delitos que la Fiscalía atribuye a los mencionados son cohecho propio, cohecho pasivo impropio, cohecho pasivo genérico, lavado de activos y asociación ilícita en agravio del Estado.

Por lo pronto, las exlegisladoras Glave y Townsend serán citadas por la Fiscalía para declarar sobre las imputaciones de Castro como aspirante a colaborador eficaz.

Fuentes de este diario refirieron que en breve se programarán las declaraciones de ambas. Las fechas, no obstante, serán definidas próximamente, debido a que el Ministerio Público adecua sus instalaciones y sus actividades conforme a los protocolos de bioseguridad frente a la pandemia por el nuevo coronavirus.

RELATO. El exgerente general edil José Miguel Castro manifestó a la Fiscalía que Anel Townsend, portavoz del “No” a la revocatoria, recibió 20 mil dólares de los fondos aportados por las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS a la campaña.

De acuerdo con su testimonio, difundido por El Comercio, los 20 mil dólares se entregaron a Townsend en dos armadas. La primera mitad fue destinada como recursos para su movilidad y “para compensar algunos gastos de publicidad que ella había realizado”. El resto se dio al terminar la campaña del 2013 y bajo el concepto de “bono de éxito”.

Castro, al que Odebrecht asignó el codinome “Budian”, también mencionó a dos regidoras de la gestión Villarán: Marisa Glave y Zoila Reátegui, quienes “se encargaron de contratar la producción, movilidad y estrado”.

Ambas, refirió el exfuncionario, recibieron la suma de 60 mil soles por su labor.

Al respecto, y mediante sus redes sociales, Glave sostuvo que José Miguel Castro “está buscando confundir actividades municipales, actividades de campaña y los pagos que él, no nosotros, recibió de Odebrecht”.

La exparlamentaria señaló que solicitará formalmente a la Fiscalía ser citada para dar su manifestación y dijo esperar que “se autorice a mis abogados a revisar lo que sea necesario para poder hacer una declaración a la brevedad posible”.

Castro, además, se refirió a las asesorías de corte político brindadas a Susana Villarán por el exministro Jorge Nieto durante “varios periodos” en los dos primeros años de su gestión. El exgerente edil aseguró que OAS le pagó al sociólogo 60 mil dólares por la deuda que se había generado por tales servicios.

Castro agregó que las consultorías continuaron en el 2013, luego de que Nieto Montesinos lo contactara en abril de ese año para felicitarlo por superar la revocatoria y “ofrecer sus servicios”.

El exfuncionario edil -relató- decidió contratarlo con la modalidad de pago que implicaba entregas “en efectivo a través de OAS”.

“Esta vez, Nieto recibió pagos mensuales por 10 mil dólares (entre mayo y noviembre de 2013)”, indicó.

Sobre lo afirmado por Castro, el exministro Nieto respondió que ha sido “difamado”. “Daña una honra intachable de más de seis décadas de vida”, agregó.

“Tendrá que probar los hechos por los que me acusa y  enfrentar a la justicia por esta mentira”, tuiteó.

Nieto Montesino también manifestó su disposición ante la Fiscalía “para aclarar los hechos”. Se me acusa de manera infame. Exijo que sea así (que se esclarezca su participación)”, puntualizó.

OTRO APORTE. En otro momento, José Miguel Castro reveló que la constructora peruana aportó 200 mil dólares a la campaña por el “No” a la revocatoria de Susana Villarán en el año 2013, según IDL Reporteros.

El pago, en coordinación con Óscar Vidaurreta Yzaga, de la agencia Ogilvy, sería a través de la empresa que hacía las relaciones públicas de Graña y Montero: Chirinos, Salinas & Asociados S.A.C. (Chisac).

Sobre este punto, José Antonio Graña, exdirectivo de GyM, manifestó, en su declaración como aspirante a colaborador eficaz que convocó a Freddy Chirinos, de Chisac, para que se encargara de coordinar con Ogilvy el pago de un servicio simulado por publicidad.

ANÁLISIS. En diálogo con Correo, el abogado penalista Andy Carrión consideró que la situación de la excongresista Marisa Glave y Anel Towsend sería complicada, debido a que la Fiscalía tendría elementos para dar lugar a la investigación preliminar en su contra por el presunto delito de lavado de activos.

Añadió que si, en adelante, se considera el delito de organización criminal sería un agravante, que contempla una pena de cárcel de hasta 25 años.

Carrión consideró que este escenario es probable, al tomar en cuenta las acciones tomadas por la Fiscalía en el caso “Lava Jato”.