Fiscalía abre investigación por contrato de Interoceánica Sur (VIDEO)

La Fiscalía dispuso abrir investigación preliminar a todos los involucrados en el proceso de la firma del contrato para la construcción de la carretera Interoceánica (IIRSA Sur), el cual fue realizado el 4 de agosto de 2005, donde ProInversión pidió opinión al jurista Juan Monroy Gálvez para que en menos de tres horas sustente la habilitación de las empresas Odebrecht, Graña y Montero y Queiroz Galvao ante las observaciones de la Contraloría.

Así lo demuestra la Disposición N°01, de fecha 20 de febrero de 2017, a la que Correo tuvo acceso.

Según ella, la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo del fiscal Marco Huamaní Muñoz, dispone abrir investigación preliminar en contra de los representantes de ProInversión como cómplices primarios, y de las empresas Odebrecht, Graña y Montero, Constructora Queiroz Galvao, y del mencionado Juan Monroy Gálvez, como cómplices secundarios.

El delito que se les atribuye es el de colusión en agravio del Estado, que tiene una pena privativa de la libertad entre 6 y 15 años.

En el caso de ProInversión, los funcionarios implicados en esta denuncia son Sergio Bravo Orellana, Percy Velarde Zapater y los que resulten responsables.

Para el caso de Odebrecht se señala a Mauricio Cruz López, por Graña y Montero a Carlos Ruiz Paredes, y por Queiroz Galvao a Óscar Rosas Villanueva.

Dentro de las diligencias que concretará la Fiscalía se encuentra recoger las declaraciones de los involucrados, así como el análisis de las grabaciones de la reunión realizada por el Consejo Directivo de ProInversión el 4 de agosto de 2005, día en que el presidente Alejandro Toledo firmó el contrato de la IIRSA Sur tramos 2, 3 y 4.

DETALLES. La investigación parte de una denuncia presentada por el ciudadano Jorge Gonzalo Vinces el 15 de febrero último. Según se detalla, “de la denuncia se desprende que los miembros del Consejo Directivo de ProInversión se habrían coludido con las empresas constructoras al haber incumplido sus obligaciones de supervisión y permitir que dichas empresas calificaran y suscriban el contrato de adjudicación” de la Interoceánica a pesar de tener procesos judiciales instaurados en su contra.

Además, señala que “en ese contexto, se atribuye a Juan Monroy Gálvez haber influenciado por intermedio del informe de fecha 04.08.2005 para la suscripción de los contratos, no obstante que las bases de licitación prohibían que las empresas constructoras participen por registrar procesos judiciales pendientes. De este modo habría brindado un aporte para que los funcionarios públicos y las empresas beneficiadas defrauden al Estado”, dice a la letra el documento.

Según fuentes de ProInversión, ellos fueron notificados días después de la apertura de esta investigación por parte de la Fiscalía.

A los pocos días después, Monroy se presenta ante la comisión “Lava Jato” del Congreso y afirma que “es materialmente imposible” que haya presentado ese informe el 4 de agosto y que la fecha de entrega del mismo había sido adulterada.

CONCERTACIÓN. “Era una situación extrema y había que actuar rápido y así fue cómo se actuó”, admitió anoche el abogado Percy Velarde Zapater, jefe de Asesoría Legal de ProInversión en agosto de 2005, cuando el Estado peruano firmó el contrato por la Interoceánica Sur con el consorcio liderado por Odebrecht.

Velarde Zapater compareció anoche ante la comisión “Lava Jato”. Este fue el funcionario clave de ProInversión para rebatir en pocas horas los reparos a un informe de Contraloría llegado el 3 de agosto de 2005, un día antes de la fecha fijada por el presidente Alejandro Toledo para la firma del contrato en Palacio de Gobierno.

Anoche, Velarde reconoció que el día 4 de agosto de 2005 a las 10.40 a.m. contactó con el abogado Juan Monroy Gálvez para que emita un análisis legal, para lo cual le envió documentos de insumo. A las 1:07 p.m., aseguró, recibió el informe legal de Monroy indicando que el consorcio liderado por Odebrecht no tenía juicios con el Estado. Velarde reforzó su propio informe legal con el de Monroy y se dio paso al contrato. Todo muy rápido, tal como exigían desde Palacio de Gobierno.

- 20 millones habría recibido Alejandro Toledo por esta obra.

- 4 de agosto de 2005 recibieron las observaciones de la Contraloría, las levantaron y firmaron el contrato; todo en una sola mañana.