El Ministerio Público (MP) decidió abrir una investigación preliminar contra los jueces superiores Néstor Fernando Paredes Flores, José Luis Velarde Acosta e Iván Alfredo Cabrera Giurisich por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato en agravio del Estado.

Los tres magistrados son los integrantes de la Tercera Sala Constitucional que concedió en parte la medida cautelar que formuló la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para suspender provisionalmente el proceso que sigue el Congreso en su contra.

DETALLES

De acuerdo con la disposición de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, se dispone el inicio de las diligencias por el plazo de 60, sin perjuicio de que el plazo pueda ser ampliado.

Además, se solicitará a las partes que intervienen en el proceso que faciliten sus correos electrónicos y números telefónicos, con el objetivo de realizar las coordinaciones necesarias.

Las diligencias incluyen el envío de oficios a la Tercera Sala Constitucional de Lima para recoger información sobre la resolución del 7 de noviembre que falló, en parte, a favor de la JNJ.

También se enviarán oficios a la Autoridad Nacional de Control para solicitar un informe sobre las quejas funcionales que presentan los magistrados denunciados. El Congreso también deberá enviar las copias sobre la moción del proceso de investigación contra los miembros de la Junta.

Además, se tomará la declaración de la persona que denunció el caso, del procurador del Congreso y de los tres investigados, junto a sus abogados.

SUSTENTO

La investigación se inició a raíz de la denuncia que presentó la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) contra los integrantes de la JNJ por el delitos de abuso de autoridad y prevaricato.

Desde su punto de vista, la decisión de suspender el proceso en el Congreso es arbitraria y abusiva.

“A manera de precisión debo señalar que los delitos en mención habrían sido cometidos por los señores magistrados que conforman la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima”, se lee en la denuncia que cursó a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Chirinos consideró que el delito de abuso de autoridad de habría cometido porque los jueces obstruyeron un mandato que la Constitución le encarga al Parlamento, es decir, el proceso para remover a los magistrados.

Mientras que sobre el delito de prevaricato, sustentó que los jueces habrían quebrantado sus deberes constitucionales, específicamente, el respetar el debido proceso, esto por ordenar una suspensión provisional del caso que iba a ser votado ayer.