El fiscal adjunto provincial titular contra el crimen organizado, Erasmo Benavides Corbetta, archivó la investigación seguida contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori y otros por los delitos de organización criminal, falsificación de documentos e inducción a votar en un sentido determinado.

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Según consta en el documento de 37 páginas -con fecha 12 de enero y al que accedió Correo-, el fiscal dispuso no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria contra Fujimori; su padre Alberto Fujimori; su abogada Giuliana Loza y Luis Galarreta Velarde, secretario general del partido Fuerza Popular entre otros.

Esta decisión alcanza a José Aybar Cancho, la congresista fujimorista Patricia Juárez, el empresario Dionisio Romero Paoletti; Eduardo Romero Guzmán; el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto; Walter Chirinos Purizaga; Pier Figari y Ana Hertz de Vega.

Este caso fue abierto por la Fiscalía el 8 de julio del 2021 tras recibir la denuncia penal del abogado y exjuez Malzon Urbina quien acusó que 1,250 millones de dólares fueron traídos desde Suiza para ser usados en la campaña presidencial de Keiko Fujimori del 2021.

Ese dinero sería utilizado para “premiar” a las personas que votasen por Fujimori Higuchi.

Según las primeras pesquisas, los trece investigados se habrían unido “para concertar hechos delictivos repartidos en diversos roles para lograr que Keiko Fujimori ocupe la Presidencia de la República” en los comicios generales del 2021.

Fundamentos. Para no formalizar la investigación preparatoria, el fiscal Erasmo Benavides sostuvo que “no se ha logrado verificar sospecha simple de la existencia de una estructura organizativa sólida y de una voluntad colectiva y vinculante entre los investigados, lo cual constituye el núcleo sostenible de una red criminal”.

Asimismo, el representante del Ministerio Público señala que no halló elementos de convicción en grado de sospecha simple de los imputados con los delitos de inducción a votar en un sentido determinado y falsificación de documentos.

En esa línea, señaló que la denuncia “se basa en el dicho de una persona, que ni siquiera ha cumplido (con su compromiso) de presentar la evidencia que señaló tener en su poder, no obstante los reiterados requerimientos del despacho fiscal”.

El fiscal, sin embargo, deja abierta la posibilidad de que su decisión sea revisada en una fiscalía superior. Por ello, comunica a las Procuradurías de Orden Público Interno y del Jurado Nacional de Elecciones a interponer el recurso impugnatorio correspondiente en el plazo de cinco días.

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Saluda. En diálogo con esta publicacón, el abogado Elio Riera, defensa legal del expresidente Alberto Fujimori, saludó esta decisión de la Fiscalía que, según dijo, demuestra la inocencia de su patrocinado.

“Nos encontramos conformes con el archivo de la investigación. No existe sustento alguno para sostener que existió responsabilidad de mi patrocinado”, sostuvo el abogado Riera a Correo.