Andrea Pereyra

La Fiscalía de la Nación presentó este martes una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y sus exministros María Antonieta Alva (Economía) y Víctor Zamora (Salud), por su presunta participación en el delito de colusión agravada en perjuicio del Estado, en el marco de la adquisición de pruebas rápidas para COVID-19 en 2020.

Según el Ministerio Público, la denuncia se basa en una reunión realizada el 18 de marzo de 2020 en el Ministerio de Economía, donde se habría acordado con empresas privadas la compra de pruebas rápidas, así como la modificación de normas sanitarias para permitir su uso en el país.

Entre las empresas beneficiadas figuran Nipro Comercial Corporation y Multimedical Supplies SAC.

La Fiscalía sostiene que Vizcarra y Alva habrían concertado con estas empresas para direccionar el proceso de contratación, asegurando su adjudicación. Esto, mediante la emisión de resoluciones y decretos que facilitaron las compras sin garantías técnicas suficientes.

Las investigaciones señalan que las pruebas adquiridas no cumplían con los estándares necesarios, lo que habría generado un daño económico al Estado.

Este caso se suma a otras investigaciones que enfrenta el exmandatario, incluido el escándalo de vacunación VIP y el presunto sobreprecio en obras públicas.

Vizcarra, quien ya fue destituido por "incapacidad moral" en 2020, ha negado las acusaciones, calificándolas de persecución política.

La denuncia constitucional podría llevar a la suspensión de derechos políticos de los implicados si el Congreso la admite a trámite.

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