La Fiscalía abrió investigación a Keiko Fujimori por lavado de activos y defraudación tributaria, en el marco de las pesquisas al ex secretario general de su partido, Joaquín Ramírez.
Correo tuvo acceso a la resolución de la fiscal Sara Vidal, de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos, quien le atribuye a Ramírez, en principio, un millonario desbalance patrimonial.
Dos despachos fiscales antilavado, que también investigan los supuestos ingresos irregulares que habría recibido Fujimori, proporcionaron a Vidal algunos extremos de sus pesquisas, los cuales sirven de sustento para la tesis de la magistrada.
El primero de ellos tiene que ver con las sospechas de que la lideresa de Fuerza Popular habría entregado 15 millones de dólares al excongresista fujimorista en 2011 con la finalidad de “lavarlos” para la campaña presidencial de ese año.
Mientras que el segundo tiene que ver con la “sospechosa” adquisición de dos inmuebles por parte del fujimorista por una suma superior a los $2 millones, siendo utilizados por la denunciada como búnker de campaña y para el funcionamiento de su ONG “Oportunidades”.
En la resolución, además, se lee que de acuerdo a la consulta de casos, “se aprecia que Fujimori mantiene diversas investigaciones por delitos que podrían ser generadores de ganancias ilícitas”, siendo algunas de estas por apropiación ilícita, usurpación, peculado y encubrimiento.
ANTECEDENTES. Los $15 millones que le habría entregado la entonces candidata presidencial a Ramírez, según la denuncia interpuesta por César Ojeda Sifuentes, fueron “blanqueados” por medio de la cadena de grifos de propiedad del actual legislador Osías Ramírez, hermano y socio de Joaquín Ramírez.
La información provino del piloto Jesús F. Vásquez, quien trabajó en una operación con la Drug Enforcement Administration (DEA) en torno al secretario general de Fuerza Popular.
“Él (Ramírez) de repente estamos conversando y me dice: ‘¿Tú sabes que la china (Keiko Fujimori) me dio 15 millones de dólares en la campaña anterior para lavarlos, para la campaña del 2011 de las elecciones, y yo los lavé a través de una cadena de grifos, de estaciones de combustible”, es lo que le habría dicho Ramírez, según Vásquez.
Los dos inmuebles de Joaquín Ramírez fueron valorizados en más de 2 millones de dólares y adquiridos a través de sus empresas Mondreu SAC. y Lima Ingeniería y Construcción SAC. Tales empresas fueron constituidas con un patrimonio mínimo de cinco mil y mil soles, respectivamente.
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La resolución precisa que estas empresas no recibían “dinero fresco” de nuevos accionistas para aumentar su capital, sino que “recurría al artificio engañoso y encubridor de la “capitalización de créditos” para aumentar el “ridículo monto” invertido inicialmente.
Joaquín Ramírez tiene bienes inmuebles dentro y fuera del país, además de vínculos con 18 empresas que, desde la perspectiva del Ministerio Público, fueron usadas para lavar dinero.
“Resulta sospechoso que Ramírez adquiera dos costosos inmuebles a través de sus empresas, y que a pesar de su millonario valor, hayan sido utilizadas por la mencionada denunciada (...) como si fuera propiedad de esta última”, se lee en la resolución.
Y agrega: “Se toma en cuenta que Keiko Fujimori es hija de Alberto Fujimori, quien ha sido investigado y sancionado por la comisión del delito de corrupción de funcionarios, motivo por el cual no se descarta que parte de ese patrimonio sea el que esté siendo empleado por los investigados y sus empresas con la finalidad de darles apariencia de legalidad”.
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