El banquillo de los acusados le esperaría al alcalde del distrito de Pátapo, Carlos Salvador Cayotopa, por haber incurrido en los presuntos delitos de usurpación agravada y usurpación de funciones. La fiscal Aura Carrasco Chapoñán formalizó una acusación penal contra el burgomaestre, solicitando que se le imponga una pena de 5 años de cárcel y el pago de 5 mil nuevos soles de reparación civil a favor de los agraviados.

AGRAVIADOS. La denuncia que motivó la investigación, fue presentada por Isela Vásquez Tapia y su esposo Gamelín Rubio Guevara, quienes, el pasado 29 de agosto del 2012, fueron desalojados de su vivienda ubicada en el sector “Tres de Mayo” de Pósope Alto. Según consta en la carpeta fiscal N° 2634 - 2012, aquel día a las 9 horas, ambos se encontraban con su menor hija de dos meses de nacida en el citado inmueble, cuando, repentinamente hicieron su aparición un promedio de 80 trabajadores de la municipalidad de Pátapo.

Según la pareja agraviada, el personal municipal les informó que tenían ordenes expresas del alcalde Salvador Cayotopa, de conminarlos a desalojar el terreno que habitaban por ser de propiedad de la comuna. Al lugar de los hechos - narraron - se hicieron presente efectivos policías de la comisaría local, acompañados de la gobernadora Nélida Mendoza Vera, quien los exhortó a no continuar con el desalojo, ya que no contaban con orden judicial.

“Sin embargo, hizo su aparición el imputado, Carlos Salvador Cayotopa, quien al observar lo sucedido incitó a los trabajadores a que procedan con el desalojo, circunstancia que generó que se proceda a derrumbar la casa de material rústico”, se lee en la acusación fiscal.

Incluso, tres días después del desalojo, se presentó en el lugar de los hechos el trabajador municipal Manuel Calle Siesquén “acompañado de sujetos desconocidos, quienes, por encargo del imputado, Carlos Salvador, procedieron a sacar las esteras que habían colocado los agraviados y quemar algunas de sus cosas como edredones, portaplatos y frazadas”

La fiscal Aura Carrasco presentó como medios de prueba al Poder Judicial (PJ), el acta de intervención del suboficial Juan Hernández Valle, quien dejó constancia que el alcalde Salvador Cayotopa incitó a los trabajadores del municipio a efectuar el desalojo. Asimismo, la fiscal sustenta su pedido con el acta de la juez de paz, Noelia Arriola Cubas, quien describió como quedó destruido el inmueble.