La Fiscalía de la Nación pidió al Poder Judicial autorización para levantar el secreto de las comunicaciones de Juan José Santiváñez en el marco de la investigación preliminar en su contra por el caso denominado “Ícaro” o “El Dorado”.

El requerimiento fue presentado el 1 de abril por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación. El Ministerio Público solicita la ejecución de esta medida, en la modalidad de registro histórico, en el marco de la investigación preliminar abierta por el presunto delito de organización criminal en agravio del Estado, a raíz del mencionado caso.

La Fiscalía también solicitó al Poder Judicial la autorización para levantar el secreto de las comunicaciones, en la modalidad de registro histórico, de Gregorio Villalón, Máximo Ramírez, Franco Parodi, Percy Gamonal, Marco Palacios, Yesenia de la Cruz, Julissa Lores, Uber Torres y Gian Franco Meza, todos en calidad de “terceros afectados” dentro de dicha investigación preliminar.

En otro requerimiento presentado el 1 de abril, la Fiscalía de la Nación solicitó al Poder Judicial la autorización para levantar el secreto bancario del investigado Juan José Santiváñez, así como de los terceros implicados Percy Tenorio, Marco Palacios, Gregorio Villalón, Franco Parodi, Gian Franco Meza y la persona jurídica Asesoría y Proyectos Tenorio SAC, en el marco de la investigación preliminar en curso.

Estos pedidos fiscales fueron presentados ante el despacho del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien fijó dos audiencias virtuales de carácter “privado” para el martes 5 de mayo a las 9:30 a. m. y 11:00 a. m., donde se evaluarán con la participación de las partes involucradas, a fin de emitir una decisión en los próximos días.

El magistrado también ordenó que estos requerimientos fiscales sean puestos en conocimiento de las partes involucradas, a fin de que, en un plazo de tres días hábiles, se pronuncien sobre las medidas solicitadas, ya sea formulando oposición o allanándose a ellas.

EL CASO

El Ministerio Público investiga un presunto esquema de corrupción vinculado al control de la mina El Dorado, en la región Ayacucho. En el marco de este caso, la Fiscalía ejecutó en agosto el operativo “Ícaro 2025”, que incluyó el allanamiento de viviendas de Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte, de Franco Parodi, así como de abogados del estudio jurídico de Juan José Santiváñez.

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