La Fiscalía de la Nación interpuso ante el Congreso de la República una denuncia constitucional contra Juan José Santiváñez por el presunto delito de tráfico de influencias agravado en perjuicio del Estado.

La denuncia constitucional se vincula a la investigación que se sigue contra Santiváñez en la Fiscalía de la Nación por una presunta interferencia —en su condición de abogado y de ministro del Interior— ante el Tribunal Constitucional, el INPE y el Ministerio de Justicia, con el fin de favorecer a uno de sus clientes, acusación que ha sido rechazada por el ex titular del sector.

La medida adoptada por la Fiscalía de la Nación motivó que el juez supremo provisional, Juan Carlos Checkley, dispusiera el pasado 6 de febrero el “archivo por sustracción de la materia” de la solicitud de control de plazo presentada por la defensa de Santiváñez, con la que se buscaba que se ordenara a la Fiscalía cerrar la investigación preliminar y emitir el pronunciamiento correspondiente sobre el caso.

El magistrado adoptó dicha decisión luego de escuchar a la defensa legal de Santiváñez y al fiscal adjunto supremo adscrito al despacho de la Fiscalía de la Nación durante la audiencia virtual realizada el pasado 6 de febrero para evaluar la solicitud de control de plazo.

La defensa legal del ex titular del Interior informó al magistrado que la Fiscalía ya había notificado a su patrocinado la disposición mediante la cual emitía el pronunciamiento correspondiente sobre la investigación en su contra, pese a que el plazo había vencido, por lo que consideró innecesario sustentar la solicitud de control de plazo.

Por su lado, el representante de la Fiscalía de la Nación confirmó al magistrado Checkley Soria que la defensa del extitular del Interior fue notificada de la disposición mediante la cual se formuló una denuncia constitucional contra su patrocinado ante el Congreso de la República por el presunto delito de tráfico de influencias agravado en perjuicio del Estado.

Dicha denuncia constitucional será remitida a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República a fin de que se inicie el trámite correspondiente a nivel del fuero parlamentario.