El Ministerio Público pidió cuatro años y ocho meses de prisión efectiva para Andrés Hurtado por su presunta participación en el trámite realizado por el futbolista Roberto Siucho ante la Superintendencia Nacional de Migraciones en 2019 para renunciar a su nacionalidad peruana y así poder jugar en China.

Dicho requerimiento fue presentado por la fiscal anticorrupción Mónica Silva Escudero, quien atribuyó a Andrés Hurtado la presunta comisión del delito de tráfico de influencias en agravio del Estado. Asimismo, solicitó que sea inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos y que cumpla con el pago de 242 días multa por este caso.

La fiscal Mónica Silva Escudero, responsable del Sexto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, solicitó además cinco años y cuatro meses de prisión para la exsuperintendente Nacional de Migraciones, Roxana del Águila. Asimismo, pidió su inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos y el pago de 487 días multa, al considerarla presunta autora del delito de tráfico de influencias agravado.

La acusación fiscal fue presentada el pasado 29 de abril ante el despacho del juez Walther Huayllani, quien el último 5 de mayo ordenó poner el documento en conocimiento de las partes procesales involucradas para que emitan sus descargos o comentarios en un plazo de 10 días.

El magistrado también concedió un plazo de 10 días a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para que presente su demanda resarcitoria por concepto de reparación civil a favor del Estado, conforme a lo dispuesto en los artículos 105°, 106° y 349° del Código Procesal Penal. Una vez cumplido este trámite, el documento deberá ser notificado a los acusados, a través de sus defensas técnicas, quienes tendrán un plazo similar de 10 días para pronunciarse, de acuerdo con el literal g) del artículo 350.1 del mismo código.

Hurtado también enfrenta otro proceso penal y actualmente cumple prisión preventiva en el Penal de Lurigancho. En este caso, es investigado por su presunta participación en el pago de una supuesta coima entregada por Javier Miu Lei para que, presuntamente, la entonces fiscal superior titular Elizabeth Peralta interviniera a favor del empresario y facilitara la recuperación de barras de oro que el Ministerio Público incautó a su empresa en 2020, además de otros dos hechos bajo investigación.

Asimismo, el expresentador de televisión es investigado preliminarmente por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado.

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