El fiscal supraprovincial anticorrupción, Hamilton Castro Trigoso, se encuentra preparando sus maletas para su viaje a Brasil.

En los 20 días que van de la investigación por el caso de la carretera Interoceánica, las diligencias que el fiscal ha programado están yendo viento en popa.

Castro Trigoso acaba de formalizar la solicitud de asistencia judicial internacional hacia Brasil a través de la cooperación internacional. Esto con el fin de que la justicia de dicho país cumpla con remitir toda la información referente al Perú sobre la megainvestigación que se sigue por los casos “Castillo de Arena” y “Jala Jato” (lavadero de autos), que involucran a empresas transnacionales.

El caso en el Perú está ligado a la construcción de la carretera Interoceánica que se realizó durante los gobiernos de los expresidentes Alejandro Toledo y Alan García.

TODO EL CASO. Fuentes de la Fiscalía informaron a Correo que el requerimiento vía la cooperación internacional se realizó el lunes 6 de julio.

“Se ha solicitado no solo las resoluciones fiscales, sino también las judiciales, además del informe policial que dio inicio a esta investigación”, anotaron.

Esto incluye los documentos incautados en la operación “Castillo de Arena”, que pese a haber sido declarada nula dicha incautación, en el Perú podría validarse si los procedimientos se ajustan a nuestra legislación.

“No podemos decir que no es aprovechable el documento de buenas a primeras, hay que tenerlo a la mano para evaluarlo y analizar las razones de hecho y derecho de dicha incautación y si son aplicables a nuestra legislación”, aclararon las fuentes.

Es más, la próxima semana se estará definiendo la fecha en que el fiscal Castro Trigoso y un equipo de su despacho estarán viajando a Brasil para conversar directamente con las autoridades brasileñas encargadas de las investigaciones.

“Se va a Brasil con un objetivo, porque eso es lo que se hace en la Fiscalía, se trazan estrategias, no se va a lo loco o por presión. Hay formas y momentos adecuados para estos trámites”, indicaron.

CONFISCACIÓN. El último miércoles, Castro Trigoso y un grupo de fiscales acudieron hasta las instalaciones de Sedapal, donde requirieron todos los expedientes referidos a las contrataciones que se hicieron sobre dos plantas de tratamiento de aguas residuales que estuvieron a cargo de la empresa Camargo Correa y su exgerente Aristóteles Santos Moreira.

La empresa estatal entregó la documentación y la Fiscalía procedió a confiscarla y llevarla al despacho para su análisis.

SOLO TRAMO 4. De otro lado, los voceros del Ministerio Público remarcaron que las pesquisas iniciales se han centrado en el Proyecto IRSA II, que comprende el Tramo 4 de la carretera Interoceánica y que solo involucra a la empresa Camargo Correa.

“Esto no quiere decir que en algún momento se pueda incluir los otros tramos en la investigación”, señalaron.

Como se recuerda, este tramo se firmó en el gobierno del expresidente Toledo y las adendas se realizaron en el de García Pérez.

Correo se comunicó con el fiscal Castro Trigoso, quien confirmó el pedido a Brasil, pero se excusó de declarar para no afectar la investigación. “Solo puedo decir que vamos a ir hasta el fondo, es un caso difícil porque partimos de cero, trataremos el caso con igualdad y caiga quien caiga”, indicó.