Francisco Eguiguren sobre caso “Chavín de Huántar”: “Hace tiempo pienso que esto se pierde”

En abril pasado, el Perú conmemoró 18 años de la operación militar “Chavín de Huántar”, una de las mejor reconocidas en el mundo en lo tocante al rescate de rehenes en manos de terroristas.

Lastimosamente, este aniversario coincide con la inminente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con relación a la conducta del Estado peruano.

De ser adverso, el fallo obligaría al Perú a procesar de nuevo a 140 comandos militares “Chavín de Huántar”, considerados por la opinión pública peruana como héroes que libraron al país de la banda criminal MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru).

“ESTO SE PIERDE”. En este contexto, resultaron duramente cuestionadas las declaraciones del exministro de Justicia Francisco Eguiguren Praeli, flamante comisionado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Francisco Eguiguren aseguró con énfasis que, a su juicio, el Perú perderá en el caso “Chavín de Huántar” en el tribunal interamericano con sede en San José de Costa Rica.

“Yo también, hace mucho tiempo, pienso que esto se pierde”, declaró a Radio San Borja.

“La cosa -añadió- es cómo se pierde y con qué resultado. La gente tiene que tener claro, sobre todo para estar prevenida frente a esta gente que opina sin saber, con mala leche, con posturas políticas conservadoras, gente a la que, además, no le gustan los derechos humanos”.

TABLERO INTACTO. A su juicio, el Estado peruano tendría que actuar en este caso como hizo ante la Corte Internacional de Justicia (La Haya) en el conflicto con Chile, es decir, litigar y hacer la mejor defensa posible.

“Pero si pierde, tiene que acatar los resultados. ¿Tiene derecho a criticar? Sí, pero no a querer patear el tablero. Porque si solamente cuando gano aplaudo, y cuando pierdo me quiero ir, eso es una pataleta de niño, no es la conducta que se espera de un Estado y su representante”, remarcó.

El también exembajador en España y exministro de Justicia precisó que él no es un representante del Perú ante la CIDH sino de los Estados del continente.

Si bien esa afirmación es correcta, cabe recordar que su candidatura fue promovida por la canciller Ana María Sánchez y por los exministros Gonzalo Gutiérrez y Eda Rivas.

En otro momento, Francisco Eguiguren dejó entrever que “aquí ha habido una violación del Derecho” y se preguntó “por qué defender lo indefendible”.

La postura del comisionado peruano fue desmenuzada por dos personalidades especializadas en el tema.

IRRESPONSABLE. “Es inconveniente e irresponsable”, apuntó Ántero Flores-Aráoz, defensor legal ad honórem de los comandos “Chavín de Huántar”. Flores-Aráoz encabeza un grupo de diez abogados y juristas que dedican su tiempo y conocimientos a esta tarea, incluso realizando gastos de su propio bolsillo.

“Habiendo sido el doctor Eguiguren -añadió- elegido comisionado en la CIDH y siendo él un peruano, sus declaraciones van a llegar a conocimiento de los miembros de la Corte IDH y podrían influir en una sentencia que podría resultar desfavorable para el Perú, cuando sabemos que debería ser totalmente favorable”.

Explicó que existe el peligro de que los procesos judiciales realizados en el Perú, y que favorecieron a los comandos peruanos, sean anulados si la Corte ordena una nueva judicialización del caso. “Eso sería altamente terrible”, expresó.

“No existe ningún derecho, después de 18 años, a tener a esta gente, que son héroes peruanos, sujetos a nuevos procedimientos penales. Es, insisto, irresponsable lo dicho por el doctor Eguiguren”.

Luego explicó que la justicia peruana ha acreditado de manera palmaria que los comandos no participaron en ninguna ejecución extrajudicial y que la operación de rescate fue una operación militar.

“Ellos han sido absueltos y no tienen nada que ver con asesinatos”, remarcó.

Agregó que Francisco Eguiguren debería tener más prudencia, porque aun cuando es verdad que no representa al gobierno peruano, “es peruano”.

Más adelante, señaló que “felizmente no representa al Perú, porque con las barbaridades que dice estaríamos fregados”.

DESUBICADO. “Qué pena, realmente” fue la primera reacción de la exprocuradora supranacional para Casos de Derechos Humanos, Delia Muñoz.

“Decir que vamos a perder de manera absoluta es adelantarse a los hechos”, manifestó al recordar que en algún momento Eguiguren se opuso a llevar adelante la defensa de los comandos “Chavín de Huántar”.

“Siendo una persona elegida en la Comisión, debería mantener discreción y calma. No debería dar declaraciones alarmistas; hay que esperar con paciencia lo que venga”, expresó Muñoz.

Agregó que esto afectará la vida de más de cien personas que son héroes. “No veo razón para expresarse de esa forma”, añadió.

Enfatizó que normalmente la primera regla de un miembro de la Comisión es no emitir declaraciones con respecto a un caso en controversia, y añadió que Eguiguren rompe la regla.

Afirmó que su permanencia como ministro y embajador político ha hecho que se desubique y esté hablando de una manera que no corresponde a una persona que ejerce un cargo de esa naturaleza.

“Su cercanía al poder político lo ha llevado a que esté perdido y no lea sobre estos temas”, sostuvo.

Comentó que hasta el momento nadie conoce el sentido del fallo de la Corte IDH, “pero sí se rumorea que habría una condena parcial del caso”.

LA CIDH ACUSA. El nombre oficial del caso en la Corte IDH es “Caso Cruz Sánchez y otros vs. Perú”. Se refiere a la alegada ejecución extrajudicial de tres miembros del MRTA al final de la operación de rescate.

Según la CIDH, estas tres personas se habrían encontrado en custodia de agentes estatales y, al momento de su muerte, no habrían representado una amenaza para sus captores.

Luego de la operación, los cuerpos sin vida de los catorce miembros del MRTA habrían sido remitidos al Hospital de la Policía, en el cual no se les habría practicado una autopsia adecuada y, aparentemente horas después, los restos habrían sido enterrados, once de ellos como NN, en diferentes cementerios de Lima.

La CIDH sostuvo que el Estado peruano no habría llevado a cabo una investigación diligente y efectiva de los hechos, ni habría determinado las responsabilidades sobre los autores materiales e intelectuales de los mismos. Estas sindicaciones han sido desacreditadas.