Mientras el fiscal José Domingo Pérez sustentaba en la Sala Penal Nacional las razones por las que, a su juicio, Keiko Fujimori merece 36 meses de prisión preventiva, ayer por la tarde el congresista de Fuerza Popular (FP) Rolando Reátegui rompía su silencio y dejaba en shock a más de un miembro de su bancada parlamentaria.

Reátegui, representante por San Martín, reveló que brinda información al Ministerio Público para ayudar a desentrañar la presunta organización criminal al interior de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), la cual habría recibido financiamiento ilegal para la campaña presidencial del 2011.

“Ante el desamparo de la alta dirigencia, me he visto en la necesidad de decir toda mi verdad ante la Fiscalía, y es que para mí la lealtad es bidireccional (de sus dirigentes con el líder y del líder a sus dirigentes)”, señaló Reátegui en una carta dirigida a la lideresa del partido fujimorista el 23 de octubre.

PROTEGIDO. Justo ese día, diversos usuarios en redes sociales publicaron el Acta de Entrega de Documentos de un Testigo Protegido cifrado con el código TP-2017-55-3, en la que se daba cuenta de que dicho testigo entregó información al fiscal Pérez sobre una conversación en la red social Telegram del grupo denominado “La Botica”, conformado por legisladores y dirigentes de Fuerza Popular.

Este testigo (Reátegui), sería el mismo que dijo ante la Fiscalía que Keiko Fujimori, junto con sus asesores Pier Figari, Ana Vega y la tesorera alterna, Adriana Tarazona, le habrían indicado que había depósitos de dinero de empresas al partido que no deseaban que figuren como aportantes para la campaña presidencial a fin de evitar futuros problemas con la Sunat en caso Fuerza 2011 llegara a ser gobierno.

Para ello, cuenta que Figari le dio un dinero “para poder cubrir las donaciones para que aparezcan registradas a nombre de terceras personas” en “su región, San Martín”.

Al cierre de esta edición, la abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, precisó en la audiencia de prisión preventiva que el testimonio del testigo protegido no ha sido debidamente corroborado.

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MOTIVOS. La carta en la que Reátegui delata a los principales dirigentes de su organización responde a la falta de apoyo del partido fujimorista y de su lideresa a quienes, como él, en la región San Martín, afrontaron la investigación fiscal confiando —asegura— en que los abogados de FP les brindarían una debida defensa en el proceso. Sin embargo, dice, ello nunca sucedió.

“En este proceso judicial, se ha confundido la lealtad partidaria con impunidad. Desde hace más de un año, todos los implicados de la región San Martín hemos afrontado el proceso con la lealtad que se nos ha caracterizado y confiando en la palabra de la defensa legal del partido, debido a que nos habían afirmado que este proceso no tenía ningún sustento”, señaló Reátegui, vinculado al fujimorismo desde 1998, cuando fue secretario nacional del partido Vamos Vecino.

El legislador —sobre quien en los días previos Keiko Fujimori dijo tener serias dudas, ya que no la fue a visitar cuando estuvo detenida— apeló a la lealtad familiar para dar a conocer su versión ante la Fiscalía.

Según las pesquisas del fiscal José Domingo Pérez, en la región San Martín se registraron hasta 16 personas como presuntos falsos aportantes. De ellas, seis tienen vínculos familiares y/o amicales con Reátegui, quien integró el partido liderado por Keiko Fujimori desde el 2006.

En dicha lista figura la esposa del congresista, Marizol Vegas Chong, a quien el juez Richard Concepción Carhuancho dictó detención preliminar el pasado 10 de octubre, aunque su paradero hasta ese momento era desconocido. En segunda instancia, la Segunda Sala de Apelaciones anuló lo dispuesto por el juez de investigación preparatoria.

PIDE SU SALIDA. En otro fragmento de la carta, Rolando Reátegui cuestiona que el partido fujimorista se haya alejado de los ideales por los cuales fue constituido, es decir, sobre la base de la política económica de la Constitución de 1993, dada por Alberto Fujimori tras el autogolpe de Estado, “donde prima el libre mercado, la competencia y el capitalismo popular”.

En este punto es donde Reátegui pide la salida de Keiko Fujimori a fin de reconstituir el partido “naranja”.

“Concuerdo con algunos de mis colegas que han dejado al grupo parlamentario de Fuerza Popular al verse burlados y engañados. Creo que el camino no es la renuncia ni al grupo ni al partido, sino de reconstitución total de la dirigencia nacional. Quizás sea momento de entregarle la presidencia de Fuerza Popular a otro, mientras que nosotros nos enfrentamos a los problemas que nuestros errores políticos han generado”.

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AUDIENCIA. A las 10:44 a.m., el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho estableció los lineamientos sobre el orden en que el fiscal del Equipo Especial, José Domingo Pérez, presentaría la sustentación del pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori.

Además de la lideresa de FP, durante la diligencia realizada en la Sala Penal Nacional estuvieron presentes sus asesores Pier Figari y Ana Vega; los tesoreros Adriana Tarazona y Luis Mejía; así como la secretaria Carmela Paucará, Vicente Silva Checa y el exministro Augusto Bedoya.

HALLAZGO. Durante su exposición, José Domingo Pérez indicó que en el allanamiento a la vivienda del exasesor montesinista Vicente Silva Checa se halló un oficio de la presidenta de la comisión “Lava Jato” del Congreso, Rosa Bartra, y ayudamemorias y resúmenes de obras como el Hospital Lorena del Cusco, de los tramos I y II del Metro de Lima, el corredor de la Interoceánica Sur, Chavimochic III y el Centro de Convenciones de Lima.

Pérez agregó que en uno de los documentos Silva Checa sostiene —tras analizar el expediente técnico y planos— que las obras de los tramos I y II del Metro de Lima, adjudicada a Odebrecht en el segundo gobierno de Alan García, no presentan sobrecostos irregulares.

“¿Por qué (Silva Checa) tiene resúmenes de las obras, ayudamemorias que están siendo conocidas por la comisión ‘Lava Jato’, que está presidida por una integrante del partido de la imputada Keiko Fujimori?”, cuestionó.

ODEBRECHT. En su alegato, el fiscal Pérez refirió que la empresa brasileña Odebrecht destinó alrededor de $29 millones como parte de sobornos en el Perú entre el 2005 y 2014. La multinacional habría ganado $123 millones en contratos por obras ejecutadas en nuestro país.

El magistrado detalló que el máximo representante de esa empresa, Jorge Barata, manifestó que a través del Legislativo buscaban tener una buena relación con la bancada mayoritaria.

“Entendíamos que el Poder Legislativo también cumplía un papel muy potente en los asuntos del país, así como el Ejecutivo, que pese a que el Legislativo en el Perú ha tenido un papel mucho más fiscalizador que productor, también es importante, y nosotros queríamos y pretendíamos con las donaciones de campaña tener también cierto acceso al Legislativo”, leyó en sus documentos el fiscal Pérez.

FORMALIZACIÓN. En tanto, el fiscal del Equipo Especial formalizó la investigación ante el Poder Judicial contra 51 personas, entre ellas Keiko Fujimori.

La disposición del fiscal Pérez solicita al despacho del juez Concepción Carhuancho que se inicie la investigación preparatoria contra Fujimori, Silva Checa, Figari, Vega, Yoshiyama, Bedoya, Tarazona, Paucará, Antonietta Gutiérrez, Ana Matsuno, Rafael Herrera, Erica Yoshiyama, Jorge Trelles, Johanna Sasaki, Melissa Sasaki, Patricia Moritani, Joon Lim Lee, Sil Yok Lee, Pedro Motonishi, Efraín Goldenberg, Juan Carlos Luna, Carlos Luna, Carlos Blanco, Carlos Blanco Matsuno, Miguel Blanco, Milagros Maravi, Raúl Maravi, entre otros.

Testigo:

Chlimper pagó $210 mil a RPP por pauta

El fujimorista José Chlimper pagó $210 mil en efectivo al gerente general de RPP, Hugo Delgado, en mayo del 2011, por el concepto de pauta publicitaria para la campaña presidencial de Keiko Fujimori.

Este fue el testimonio que brindó el propio Delgado ante la Fiscalía. RPP afirmó que facturó y bancarizó la pauta publicitaria que Fuerza 2011 pagó para la campaña. Chlimper negó los cargos.