Fuerza Popular se distancia de familia Fujimori

Fuerza Popular (FP) tomó distancia de los familiares del expresidente Alberto Fujimori acusados de corrupción, sobre quienes hay órdenes de captura internacional por requerimiento de la justicia peruana.

Según un reciente anuncio de la Procuraduría Anticorrupción, son actualmente 90 los vinculados con el gobierno fujimorista (1990-2000) en condición de prófugos.

En el grupo figuran Juana y Rosa Fujimori (hermanas del exjefe de Estado); Víctor Aritomi (cuñado), exembajador del Perú en Japón; y Myriam Aritomi Fujimori (sobrina). Todos ellos están acusados por enriquecimiento ilícito.

Al respecto, Julio Gagó, portavoz del partido fujimorista, declaró a Correo que los prófugos de la justicia peruana, incluidos los familiares requisitoriados del expresidente, tienen que ser investigados y sancionados "si cometieron actos de corrupción".

"En Fuerza Popular -dijo Gagó-, (el de los parientes prófugos) es un tema totalmente aparte".

Comentó que el fujimorismo en una etapa anterior fue exitoso, pero también cometió errores.

"Keiko Fujimori lo ha dicho claramente: los que cometieron actos de corrupción, deben ser condenados y castigados. Nosotros no estamos favoreciendo a nadie. No sabemos la situación de cada uno de ellos. Ahora hay un nuevo fujimorismo. Que se investigue y se llegue hasta las últimas consecuencias, pero sin persecuciones políticas", manifestó Gagó.

"¿Cree que hay persecución política contra familiares del expresidente?", preguntamos. "No, no. No estoy diciendo eso. Solo digo que se hagan las investigaciones que correspondan, y si cometieron actos de corrupción, tendrá que caer sobre ellos el peso de la ley, igual que sobre cualquier exfuncionario", subrayó.

Se sabe que Aritomi y su familia (su esposa Rosa Fujimori y su hija Myriam Aritomi) se acogieron a la ciudadanía y nacionalidad japonesa.

El exembajador en Japón labora como profesor asociado en la Universidad de Agricultura y Tecnología de Tokio.

Para la Procuraduría Anticorrupción, Aritomi es considerado un "prófugo de la justicia" y es requerido por los presuntos delitos de apropiación ilícita de las donaciones japonesas y enriquecimiento ilícito.

Se afirma que Aritomi estaría vinculado además con la "devolución" de $15 millones que Fujimori pagó a Vladimiro Montesinos.