Galarreta aumenta presión contra Fiscal de la Nación

El ambiente político nacional está agitado. Y es que, en un plazo de 15 días hábiles, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, presidida por la fujimorista Milagros Takayama, deberá emitir un informe final sobre las denuncias presentadas por los congresistas Daniel Salaverry (Fuerza Popular) y Yeni Vilcatoma (no agrupada) contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde.

Ello, vale remarcar, luego de que ayer, alrededor de las 3 y 30 de la tarde, la Comisión Permanente definiera tal periodo en una votación nominal, que resultó en 13 votos a favor (todos de Fuerza Popular), 6 en contra y 2 abstenciones.

Así las cosas, al equipo de Takayama le toca designar a uno de sus integrantes como delegado, quien tomará las riendas de las investigaciones de este caso, mientras que Sánchez Velarde deberá hacer sus descargos en los próximos cinco días.

TODO EN ORDEN. Momentos antes, el presidente del Congreso, Luis Galarreta (FP), en medio de las críticas a sendas acusaciones por -supuestamente- infringir la independencia y autonomía del Ministerio Público, aclaró que “cualquier parlamentario tiene el derecho de presentar una acusación constitucional”. Por lo tanto, remató: “No hay nada que esté al margen del marco constitucional, ni del Reglamento del Congreso”.

A continuación, Galarreta despotricó contra el legislador oficialista Gino Costa -quien el último domingo dijo que “hay una dictadura parlamentaria” en el Parlamento, de mayoría fujimorista-: “Es absurdo decir que hay una dictadura parlamentaria. Que (a Costa) no le guste la mayoría en el Congreso es otra cosa”.

Agregó que no existe ningún interés en vacar al presidente Pedro Pablo Kuczynski. “No existe ningún ánimo sobre temas de vacancia presidencial”, subrayó.

“MESA DE PARTES”. La determinación congresal cayó como un baldazo de agua fría para la defensa del fiscal Pablo Sánchez Velarde, el abogado constitucionalista Samuel Abad, quien tenía esperanzas de que dicho grupo archive las denuncias contra su patrocinado de turno.

En declaraciones a Correo, calificó a la Comisión Permanente de una “mesa de partes”, por la negativa de la mayoría de debatir el fondo del informe de calificación del Subgrupo de Acusaciones Constitucionales. “Lamentablemente no han querido evaluar el informe, solo han establecido un plazo. No sé para qué se reúnen”, se quejó.

Abad ahondó más y se refirió a las acusaciones de los parlamentarios Salaverry y Vilcatoma, que critican al titular del Ministerio Público por no investigar a la exsocias de Odebrecht -como la constructora peruana Graña y Montero- y por designarle el caso “Lava Jato” al fiscal Hamilton Castro, respectivamente.

Advirtió que “lo que pretenden (los parlamentarios) es decirle a Sánchez Velarde cómo debe actuar”. Por ello, resaltó que el Legislativo “no puede asumir competencias del Fiscal de la Nación”, pues detalló que el Ministerio Público es un “órgano autónomo e independiente”.

“El Congreso no le puede decir (a Pablo Sánchez Velarde) cómo actuar, eso es afectar la independencia y autonomía del Ministerio Público”, expresó.

Y añadió: “La destitución del Fiscal de la Nación no tiene ningún sentido, porque no hay ninguna infracción de la Constitución”.

ACALORADO DEBATE. La sesión de la Comisión Permanente no fue para nada protocolar. Ni bien Galarreta propuso poner a votación el plazo de 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales investigue las denuncias contra el Fiscal de la Nación, congresistas de las bancadas del Frente Amplio, Nuevo Perú, Peruanos Por el Kambio y Alianza Para el Progreso expresaron su molestia.

El primero en tomar la palabra fue Marco Arana (FP), quien exigió que se discuta el “tema de fondo”, dado que, a su consideración, las imputaciones van en contra de la Constitución.

En la misma línea, Marisa Glave (NP) advirtió que hay una “voluntad de amedrentar al Fiscal de la Nación”, por lo que reclamó poner en cuestión el informe de clasificación emitido por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Tras ello, Glave refirió que la Comisión Permanente tiene potestad de archivar las acusaciones.

A su turno, Marisol Espinoza (APP) opinó que las demandas parlamentarias jamás tuvieron que llegar a la Comisión Permanente, porque “debieron declararse improcedentes” en el grupo liderado por Takayama. “Eso no se debería discutir. (...) No se ha definido en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales cuál fue la infracción constitucional”, reprochó.

Por su parte, en concordancia con Glave, el portavoz de PPK, Vicente Zeballos, hizo mención a un antecedente relacionado al archivamiento de una denuncia constitucional interpuesta contra Óscar Urviola Hano, exmagistrado del Tribunal Constitucional.

Aquella vez, según Zeballos, la Comisión Permanente votó por no conceder plazo alguno para las pesquisas del subgrupo de Acusaciones Constitucionales.

RÉPLICA “NARANJA”. Por supuesto, la bancada “naranja” no se quedaría con los brazos cruzados.

Por ejemplo, Héctor Becerril consideró que debatir el tema de fondo sería “adelantar una opinión” que perjudicaría las próximas acciones de la subcomisión encabezada por su colega Takayama.

Cecilia Chacón lo secundó e indicó que si “hacemos caso a Arana y Glave estaríamos incurriendo en usurpación de funciones. La demanda ya fue admitida, parece que no se han enterado, aquí solo se ve el plazo de investigación”, sentenció.

Lourdes Alcorta alzó la voz y exclamó que la admisión de las denuncias “no dependen de la Comisión de Permanente”.

Los dimes y diretes recién culminaron cuando Luis Galarreta intervino y, al igual que sus correligionarios, afirmó que el único tema en debate sería el plazo de investigación: 15 días.

A la par, dirigiéndose a Zeballos, anotó que el caso de Urviola fue “una excepción”, por lo que concluyó: “La excepción no hace la regla”. Y empezó la votación.

MÁS DATOS:

- Pedido. Marco Arana invoca salir a las calles

Tras rechazar la decisión del Congreso de iniciar proceso constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, el congresista Marco Arana (FA) invocó a la ciudadanía a defender al máximo representante del Ministerio Público en las calles. “Vamos a dar la lucha en el Congreso dentro del marco legal..., pero la ciudadanía debe hacer lo propio en las calles (...)”, invocó.

- El fujimorismo hizo sentir su mayoría al fijar en la Comisión Permanente el plazo de 15 días para investigar al máximo representante del Ministerio Público, pese a los cuestionamientos de las bancadas minoritarias

- 5 días tiene el fiscal de la Nación para hacer sus descargos ante el subgrupo de acusaciones constitucionales.