Formalizó su rechazo. El presidente del Congreso, Luis Galarreta, envió una carta al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), en la que plasma su cuestionamiento a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordena al Parlamento archivar el procedimiento de acusación constitucional contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC), por el caso El Frontón.

Galarreta, a través de la misiva compartida vía Twitter, manifestó su “total rechazo” al requerimiento de la CIDH de archivar la acusación contra Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, ya que, según indica el congresista, el mencionado proceso sigue en trámite y está amparado en los artículos 99 y 100 de la Constitución y en el artículo 89 del reglamento del Congreso de la República.

He enviado una carta al señor Presidente de la República respecto a la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 8 de febrero de 2018. pic.twitter.com/5tTRMYK3VV

— Presidencia del Congreso del Perú (@pcongresoperu) 10 de febrero de 2018

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“Por ello, rechazamos categóricamente la decisión resolutoria adoptada por dicho órgano internacional, que, de no cuestionarse mediante los mecanismos e instrumentos del ordenamiento internacional, significará un nefasto precedente en la intervención ilegítima de un organismo internacional en los asuntos internos de un Estado”, agregó el legislador de Fuerza Popular.

Ante esto, el presidente del Parlamento pidió a PPK que, en su calidad de responsable de la dirección política exterior y en el marco del ordenamiento jurídico, “ejerza los mecanismos e instrumentos que salvaguarden la soberanía e independencia del Estado peruano”. Por lo cual, advierte que “de lo contrario, estaríamos aceptando que la CIDH se encuentra por encima de la voluntad colectiva del Congreso de la República y la sustituye”.

En uno de los puntos concluyentes de la carta enviada por Luis Galarreta, este emplaza a PPK “hacer llegar esta comunicación por los canales diplomáticos correspondientes y para su consideración, a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como a los miembros del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos y a la Secretaría General de este organismo internacional”.