La captura del presunto narcotraficante Gerald Oropeza López ha reactivado el tema de la “narcopolítica” en el Perú.

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La militancia aprista de la familia de Oropeza López ha reavivado las sospechas en torno a los 89 contratos que las empresas de este -Sergero S.A.C. y Salinp S.A.C.- suscribieron con el Estado entre 2006 y 2011, durante la administración de Alan García.

Sin embargo, este tipo de contratos no son exclusivos del periodo aprista, como lo demuestran los otros 39 que dichas empresas de Oropeza concretaron con entidades del Estado entre julio de 2011 y marzo de 2015, vale decir, en la presente gestión gubernamental.

Según cifras del portal de transparencia del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y el Sistema Electrónico de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (SEACE), la empresa Servicios Generales Ronald S.A.C. (Sergero S.A.C.) suscribió 31 contratos por aproximadamente S/.90 millones.

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Asimismo, la firma Sanidad y Limpieza Industrial Peruana S.A.C. (Salinp S.A.C.) suscribió ocho contratos entre 2011 y febrero de 2015 por un monto de S/.38 millones 568 mil. La sumatoria asciende a S/.118 millones (cifra aproximada).

De acuerdo con la misma fuente, las citadas empresas de la familia Oropeza lograron contratos importantes durante el gobierno del APRA, entre 2006 y 2011.

Sergero S.A.C. y Salinp S.A.C. consiguieron 59 contratos en ese periodo por un total estimado en S/.216 millones.

SECTOR TRABAJO. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, cartera que pertenece al ámbito del Ejecutivo, suscribió contrato con Sergero S.A.C. el 9 de marzo de 2012 por una suma cercana a los S/.2 millones.

El jefe del portafolio en ese entonces era Rudecindo Vega, de las filas de Perú Posible.

La Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (Cofide) contrató a Sergero S.A.C. el 29 agosto de 2012 (S/.500), el 29 de agosto de 2012 (S/.1 millón) y el 26 de setiembre de 2014 (S/.1.6 millones).

La Contraloría General de la República contrató a Sergero por S/.4’889,293 (7 de mayo de 2012); también el 1 de agosto de 2014, por S/.7’140,933 millones.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo hizo el 18 abril de 2013 por S/.670,219. También el 17 de marzo de 2014, por S/.590,750.

MINISTERIO PÚBLICO. La mayor penetración de las empresas de Gerald Oropeza tiene lugar en el Ministerio Público, en varias circunscritos al interior del Perú.

Además, están registrados por el SEACE 15 contratos del Ministerio Público por servicios de limpieza en Lima y en diversas provincias del país.

Los contratos con la segunda empresa de Oropeza, Salinp S.A.C., se efectúan básicamente con las mismas entidades públicas de Sergero.

Entre ellas figuran el Jurado Nacional de Elecciones, el Reniec, la Universidad Nacional Federico Villarreal, Electricidad del Perú S.A. y, recurrentemente, el Ministerio Público.

CONTROVERSIA. El espinozo tema generó un fuerte intercambio entre congresistas del APRA y sus adversarios.

El líder del izquierdista Frente Amplio, Sergio Tejada, cargó contra el APRA y la gestión de Alan García.

A su juicio, se debe investigar a fondo la vinculación del presunto narcotraficante Gerald Oropeza con el partido de Alan García.

“Si bien las responsabilidades penales son individuales, Gerald Oropeza va a tener que responder en un juicio por narcotráfico”, dijo Tejada.

Aseguró que le preocupan las vinculaciones del Partido Aprista con la familia Oropeza López.

“Su madre (de Gerald Oropeza) -añadió- fue candidata al Congreso; su padre fue dirigente de San Juan de Lurigancho. Tenía relaciones con Miguel Facundo Chinguel (exjefe de la Comisión de Gracias Presidenciales durante el gobierno de Alan García)”.

Recordó asimismo las transferencias en beneficio de Facundo Chinguel de empresas de Oropeza.

“Y, al final, la relación del APRA con el narcotráfico. Es una preocupación legítima de todos”, dijo.

En opinión de Tejada, expresidente de la comisión parlamentaria que investigó al expresidente García, “hay varias cosas por explicar. Que lo hagan. Sería saludable”, dijo.

SONIA MEDINA. A su turno, la procuradora antidrogas Sonia Medina reconoció que existe en la opinión pública una percepción negativa sobre el sistema de administración de justicia en relación con el narcotráfico.

“Yo creo -dijo- que para bajar esta percepción tan negativa es la administración de justicia la que tiene la palabra”.

Dijo que su despacho hace esfuerzos cotidianos para combatir el narcotráfico y el lavado de activos.

Reconoció también que más del 80% de los encarcelados por delito de narcotráfico son “burriers” (individuos utilizados para el pase minorista de drogas).

“Solo caen los ‘burriers’ y estos son procesados dentro de una figura básica dentro de la Ley de drogas.

“Sin embargo, detrás, encima de estos hay mucha gente con mayor responsabilidad”, dijo.

Sonia Medina saludó los esfuerzos de la comisión parlamentaria que preside la congresista Rosa Mavila.

“Es una comisión inédita. Conozco de los esfuerzos mayúsculos que ha hecho y sigue haciendo la doctor a Mavila”, dijo.

En su opinión, surgirán pronto sorpresas del trabajo de esta comisión.

“Cuando emitan sus conclusiones, se verá en el pleno del Congreso. Creo que vamos a tener muchas sorpresas. Ella también está luchando por saber qué está pasando con el narcotráfico infiltrado en la política. Es de décadas”, comentó.

APRA SE DEFIENDE. El congresista del APRA Javier Velásquez congratuló a la Policía Nacional por la captura del presunto narcotraficante Gerald Oropeza.

“A partir de aquí hay que dejar las investigaciones en manos del Ministerio Público y el Poder Judicial”, propuso.

“La red que este señor para actuar en un ámbito absolutamente ilegal meritúa que los responsables sean sancionados duramente”, dijo.

Añadió que los apristas no tienen por qué estar preocupados “porque este señor ha sido un militante marginal”.

A su juicio, no cabe involucrar al Partido Aprista en asuntos de narcotráfico por ese motivo, como no se puede culpar al arzobispo Juan Luis Cipriani si Oropeza resulta ser católico.

“Yo creo que las responsabilidades son individuales. Hemos apoyado siempre esta investigación. Aquellos que tratan de hacer una vinculación perversa con el APRA es porque le tienen miedo al candidato del partido, Alan Garcia”, aseguró.