Gobierno claudica ante comunidad que atacó el Oleoducto Norperuano

Después de casi 90 días de paralización, el Gobierno alcanzó un acuerdo para que la comunidad nativa de Mayuriaga, en Loreto, permita la reparación “inmediata y definitiva” del kilómetro 193 del Oleoducto Norperuano, tubería que ellos mismos dañaron el pasado 27 de noviembre.

Aunque numerosos sectores, y en especial el de hidrocarburos, demandaban la pronta solución del impasse, para muchos las conclusiones del diálogo respectivo parecen más una capitulación del Ejecutivo antes que el producto de una negociación entre dos partes.

En efecto, el acta, suscrita por el premier César Villanueva y el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, estipula entre otros puntos que el Gobierno contratará a los habitantes de Mayuriaga para labores de limpieza y de alerta temprana -pese a su responsabilidad en la rotura-, de manera que podrán participar 50 trabajadores mensuales durante dos años, los que son renovables.

Del mismo modo, Petroperú se comprometió a efectuar un peritaje de afectación de recursos, mediante el Ministerio de Agricultura, por el que asumirá los costos de tasas administrativas y honorarios del perito, el que estará acompañado nada menos que por una comisión de habitantes de Mayuriaga.

“INCENTIVOS PERVERSOS”

No obstante, en conversación con Correo refirió también que le parece preocupantes los términos y extremos del acuerdo, y las consecuencias que estos podrían desencadenar.

“Corremos el riesgo de generar incentivos perversos que hagan que otros grupos, que están buscando beneficios como los de Mayuriaga, puedan movilizarse con bloqueos de carreteras y sabotajes de infraestructura. Nos preocupan los precedentes negativos que esto pueda ocasionar”, deploró.

El también exdirector de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios agregó que le parece “extraño e incomprensible” que se haya decidido contratar a trabajadores para que se encarguen del mantenimiento de una infraestructura que ellos mismos sabotearon.

El consultor petrolero Carlos Gonzales, en la misma línea, destacó que se llegará a una solución, pero manifestó que dar empleo a los nativos que también son responsables del problema es “casi una suerte de ceder a un chantaje”.

“Creo que otro premier habría impuesto autoridad. Villanueva no ha hecho eso, Villanueva ha preferido ir, conversar, firmar, transar, ceder y solucionar”, dijo.

Al respecto, añadió que con estas actitudes el Gobierno demuestra debilidad, por lo que le exhortó a hacer todo lo necesario para enfrentar de una manera más adecuada las presiones sociales de esta naturaleza.

TRANSPORTISTAS TAMBIÉN

Sobre la contratación de miembros de la comunidad, respondió que son ellos los que conocen la zona y quienes viven cerca, por lo que son las personas más idóneas para dicha labor.

Sin embargo, advirtió que si se emplea a aquellos que fueron responsables de la rotura del oleoducto, entonces sí se configuraría una chantaje, aunque manifestó su confianza en que esto no ocurrirá, pues seguramente los habitantes de Mayuriaga han identificado a los autores de tales daños y no permitirán que estos se acercan a la tubería.

Correo buscó la versión del premier Villanueva respecto a estas críticas, pero ni él ni su personal de prensa respondieron nuestras llamadas.