Tras la ola de críticas que recibió la presidenta Dina Boluarte por la propuesta para obligar a los medios de comunicación a difundir las acciones del Poder Ejecutivo contra el crimen organizado durante estados de emergencia, el Gobierno retrocedió.

El ministro de Justicia, Eduardo Arana, fue el encargado de informar a la prensa la suspensión de la iniciativa, conocida como “franja informativa”, que todavía no había sido presentada ante el Congreso.

DETALLES

Durante la conferencia de prensa que ofrecen los integrantes del Gabinete Ministerial cada miércoles, Arana recordó que un decreto supremo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del 2007 ya regula las obligaciones de los medios de comunicación sobre los estados de emergencia, así como un decreto del 2010 que regula la colaboración de los medios de comunicación.

“Ya hay una norma vigente, no es verdad que sea una norma inconstitucional o ilegal. Esta norma ya existe”, afirmó.

Desde su punto de vista, la propuesta del Ejecutivo estaba enmarcada en que todos los actores de la sociedad deben luchar contra la criminalidad organizada y dar a conocer las acciones de interés público, así como información de la lucha que realizan los gobiernos regionales, la Policía y otras instituciones.

En ese sentido, el ministro de Justicia cuestionó que a pesar de que la propuesta ni siquiera había sido presentada de manera oficial, ni fue sometida a ningún tipo de debate, “se han recibido comentarios anticipados que han generado una percepción anticipada que podría poner en tela de juicio la plena vocación democrática del Ejecutivo”.

“Y sobre todo el irrestricto derecho a la libertad de expresión, por lo que la intención de unir los esfuerzos en beneficio de la seguridad ciudadana y de modo alguno pretendía vulnerar la libertad de expresión, en aras de nuestra vocación democrática, procederemos a suspender la referida propuesta”, apuntó.

POSTURA

En otro momento, Arana dijo que el Gobierno de Boluarte ratifica, plenamente, los valores democráticos y la defensa irrestricta a la libertad de expresión.

Cabe recordar que la iniciativa fue blanco de cuestionamientos en los últimos días de parte de instituciones que representan a la prensa, de políticos y congresistas de representantes de bancadas de derecha e izquierda, salvo de parte de Perú Libre y Podemos, grupos parlamentarios que no se refirieron al tema.

La propuesta del Ejecutivo fue polémica porque se da en un contexto de constantes ataques de la mandataria Boluarte hacia la prensa por informar sobre su gestión.