Después de siete meses y medio en el cargo, la gestión del presidente Pedro Castillo ha estado involucrada directamente con presuntos actos de corrupción que han motivado la actuación del Ministerio Público.

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Las pesquisas fiscales siguen su curso con diferentes plazos, investigados y fiscales que pertenecen a diferentes subsistemas que cuenta la Fiscalía. Cada caso tiene su ADN, su propia estrategia de investigación, decía un expresidente de la Corte Suprema.

Ante ello, Correo muestra el panorama de las investigaciones al detalle, en un intento de dar cuenta a la ciudadanía si el Ministerio Público -la institución titular de la acción penal- cumple con su labor constitucional de perseguir el delito y establecer una verdad de los hechos, con eficiencia y eficacia.

En total, son cuatro subsistemas que tienen pesquisas vigentes que rodean a Palacio con presuntos actos ilícitos (ver infografía).

Se trata de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, cuyo coordinador es el fiscal superior Omar Tello; las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos, a cargo del fiscal Rafael Vela Barba; las Fiscalías contra el Crimen Organizado, a cargo del fiscal Jorge Chávez Cotrina; y las Fiscalías de Derechos Humanos y Terrorismo, que tiene como coordinador al fiscal Daniel Jara.

Además, en las fiscalías penales, había una investigación contra el mandatario, que fue finalmente archivada en enero último. Se le imputaba no haber declarado en su hoja de vida, durante la última campaña, información sobre una empresa.

Asimismo, en la Fiscalía de la Nación, hay dos investigaciones que tienen a Pedro Castillo como imputado, pero en suspenso hasta que culmine el mandato presidencial debido a su inmunidad absoluta que trasciende el ámbito procesal penal. Estos dos casos tienen que ver con presuntas injerencias del mandatario en la licitación del proyecto Puente Tarata III, en la región San Martín y la licitación para abastecer de Biodiesel B100 a Petroperú así como en el caso de los ascensos militares. Ambas carpetas se investigan, a nivel provincial, en las fiscalías anticorrupción pero a funcionarios de menor rango y otras personas como la asesora empresarial, Karelim López.

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DETALLE. En las Fiscalías Anticorrupción -cuya sede principal en Lima está ubicada en la cuadra 4 de la avenida Abancay-, hay tres fiscales junto a sus equipos abocados a sus respectivas investigaciones vinculadas a esta gestión presidencial.

Por ejemplo, Marco Huamán Muñoz, del Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía anticorrupción, investiga al exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco Castillo, y los que resulten responsables por la presunta presión desde el Ejecutivo ante el jefe de la Sunat, Enrique Vera, para favorecer a empresas que tenían deudas con el Estado.

Luego, la fiscal Karla Zecenarro, del Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Anticorrupción, abrió pesquisas tras la revelación del programa Cuarto Poder sobre las visitas subrepticias al jefe de Estado en la vivienda ubicada en el pasaje Sarratea, distrito de Breña, por parte de Pacheco cuando este aún ostentaba el cargo de secretario general, y Karelim López, asesora empresarial de la empresa Termirex, que integró el consorcio Puente Tarata III.

La tercera investigación, a cargo de la fiscal Norah Córdova, fue la más inmediata en tomar acciones, tras revelarse las denuncias periodísticas sobre presuntas irregularidades sobre un contrato público. Panorama y Punto Final dieron cuenta de visitas al presidente Castillo por parte del gerente general de PetroPerú, Hugo Chávez, el empresario Samir Abudayeh, la asesora Karelim López y Gregorio Sáenz Moya, miembro de la Junta Nacional de Palmicutores. Dieciocho días después, la empresa de Abudayeh, Heaven Petroleum Operators S. A, ganó una licitación por $ 74 millones.

Al día siguiente de las revelaciones periodísticas, la fiscal Córdova abrió una investigación preliminar contra todos los involucrados en las visitas a Palacio por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible.

MÁS. El último viernes, se reveló que la fiscal de lavado de activos, Luz Taquire, dispuso incorporar al empresario Zamir Villaverde y Fray Vásquez Castillo, sobrino del presidente en la investigación que sigue contra Karelim López.

Taquire investiga a un total de 25 personas, entre naturales y jurídicas, a quienes les imputa el delito de lavado de activos cometido en el marco de una organización criminal. Ello en atención a sus patrimonios, que según las pesquisas, tendrían origen ilícito.

En este caso, Karelim López se sometió a la colaboración eficaz y reveló la existencia de una mafia al interior del Ministerio de Transportes, con conocimiento y participación del mandatario Pedro Castillo. La fiscalía viene corroborando sus dichos con otros actos de investigación.

Asimismo, en el subsistema de crimen organizado, la fiscal Irene Mercado abrió investigación preliminar por 60 días contra los asesores del denominado ‘gabinete en la sombra’ del presidente Pedro Castillo. Ellos son: Biberto Castillo León, Beder Camacho Gadea y Jaime Idrogo Mejía por el presunto delito de organización criminal.

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La investigación también alcanza a los funcionarios Wilson Petrel Mostacero, Rodolfo Ramírez Apolinario, Franco Pomalaya Neyra, José Luis Cristóbal Quispe y Sandra Paico Carrasco. Según la disposición -emitida el 14 de febrero último- la fiscal Irene Mercado Zavala tomó esta decisión tras evaluar la denuncia presentada por el ciudadano Juan Carlos Rodríguez, quien manifestó que, en Palacio, se enquistaron los denominados “asesores en la sombra” que “coordinan, confabulan, presionan, coaccionan a Ministros y funcionarios del gobierno para satisfacer intereses subalternos con claros indicios de ilicitud”.

Además, otro fiscal de lavado de activos, Richard Rojas, investiga el presunto financiamiento ilícito del partido de gobierno, Perú Libre. En este caso, están comprendidos como investigados Vladimir Cerrón, Guido Bellido y otros.

En la fiscalía antiterrorismo, hay una investigación en curso, a cargo de la fiscal Eneida Aguilar, contra Vladimir Cerrón (fundador de Perú Libre) y los congresistas Guido Bellido (PL) así como Guillermo Bermejo (Perú Democrático, antes PL). Según un informe policial, Eddy Bobby Villarroel Medina, presidente de la Asociación Plurinacional de Reservista Tahuantinsuyanos y conocido como “Sacha”, manifestó tener conocimiento de la presunta vinculación de Bermejo, Bellido y Cerrón con la organización terrorista Sendero Luminoso del VRAEM.

OPINIONES. Sobre el tema, el penalista Andy Carrión sostuvo que las investigaciones abiertas en los diferentes subsistemas de la Fiscalía demuestran que nos encontramos frente a indicios relevantes que pueden indicar la existencia de una organización criminal bien coordinada que actúa dentro del aparato estatal.

Carrión dijo que los cabecillas de esta red criminal podrían ser privados de su libertad hasta por 20 años, pero dependerá de lo que determine el Ministerio Público con respecto al papel que cumple cada uno de los investigados.

Agregó que los subsistemas pueden colaborarse entre sí y trasladarse pruebas al tener hechos similares.

“Esto es una práctica usual. Si lavado de activos encuentra un hecho relevante respecto a una delito de corrupción de funcionarios, pues lo que tendría que hacer es derivar esa información a la fiscalía especializada, al subsistema, para que se haga cargo”, indicó Carrión a este diario.

Similar opinión tuvo Mario Amoretti. El penalista consideró “increíble” que un gobierno como el del presidente Pedro Castillo, que se ufana de ser transparente y democrático, tenga a funcionarios imputados en serios delitos como de corrupción de funcionarios, organización criminal, tráfico de influencias, entre otros.

Sostuvo que la Fiscalía, y sus subsistemas, que investigan los distintos casos y escándalos del régimen podrán colaborar entre sí los datos o pruebas que vayan recogiendo a lo largo de las indaganciones.

“Por supuesto que pueden intercambiarse pruebas, sobre todo cuando se tratan de hechos que están interconectados entre unos y otros, por ejemplo la corrupción”, dijo en diálogo con Correo.

Para ahondar en el tema, se le consultó sobre a cuánto ascendería la pena en el delito de organización criminal por el caso ‘Gabinete en la Sombra’, y contestó que no menos de ocho ni mayor a 15 años.